Según la documentación emanada por Corpoelec, la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, en febrero, el gobierno bolivariano resolvió pedirles ayuda a los técnicos del argentino Ministerio de Planificación por la grave crisis energética que enfrentaban. Por ello, se emitió el decreto de emergencia del Sector Eléctrico Nacional. Es en ese punto que se planteó la controversia entre dos empresas –EMA e Hidro-Grubert– y los funcionarios de Planificación. Las compañías afirman que Planificación los dejó afuera de la provisión de elementos para el Plan de Emergencia de Venezuela y Planificación sostiene que quienes eligieron finalmente los proveedores fueron los venezolanos. En cualquier caso, en el Gobierno aseguran que la Cancillería participó de todas las reuniones, incluyendo la que motivó la queja de las dos empresas.

En febrero de este año se realizó la primera visita de una comisión de empresarios argentinos a Caracas, se firmó el Acta de Cooperación, se firmaron también las Cartas de Intención y comenzaron las sesiones de trabajo. El objetivo era la construcción rápida de usinas y de otras variantes de provisión de energía.

En la documentación de Corpoelec se fijó para abril la segunda visita de empresarios argentinos, la firma de un memorando de entendimiento y la firma de los programas de trabajo. Todo esto se concretó en el marco de un encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Chávez y se conformaron tres mesas de trabajo: Generación de Energía, Transmisión y Suministro de Materiales. El 20 de abril se firmó el memorando de entendimiento entre el ministro de Energía de Venezuela, Alí Rodríguez, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Las empresas argentinas proveerían a Venezuela materiales e instalaciones por 480 millones de dólares, una cifra importantísima.

Pocos días después, se hizo en Caracas, en el Hotel Tamanaco, una reunión entre Corpoelec, otros funcionarios venezolanos de Energía, el enviado de Planificación, José María Olazagasti; el director de Integración Latinoamericana de la Cancillería Argentina, Natalio Hammer; el segundo de la embajada argentina en Caracas y los empresarios argentinos. Según EMA e Hidro-Grubert fueron excluidos de esa reunión y eso es lo que motivó su protesta, formalizada dos meses después, el 25 de junio, ante la Cancillería. Eduardo Sigal, subsecretario de Integración Económica, plantea justamente en su cable que hay que hacer gestiones para que ambas empresas puedan proveer también a Venezuela en el Plan de Emergencia.

Lo cierto es que después de la reunión de abril, EMA e Hidro-Grubert figuraron igual como posibles proveedores y están en una lista de 14 empresas que Corpoelec anunció que visitaría en mayo. Por lo que se sabe, la inspección se concretó tal como estaba prevista, pero en cualquier caso –dicen los funcionarios de Planificación– ya se trataba de decisiones venezolanas.

Tanto EMA como Hidro-Grubert son empresas muy conocidas por la administración bolivariana. EMA firmó un vasto acuerdo con Pdvsa y vendió más de 150 celdas de media tensión, por más de 20 millones de dólares. EMA incluso está a punto de instalarse en Venezuela. Por su parte, Hidro-Grubert colocó unas 80 grúas, cada una a 180.000 dólares. En cualquier caso, la polémica no consiste en la existencia de una embajada paralela, ya que los funcionarios de la Cancillería estuvieron en todo el proceso, sino en que EMA e Hidro-Grubert sostienen –aunque no lo dicen públicamente– que los de Planificación los dejaron afuera en este acuerdo, mientras que la gente de Planificación afirma que los proveedores fueron elegidos en forma libre por los venezolanos que, además, conocían perfectamente a EMA e Hidro-Grubert.

La documentación de Corpoelec.