Uruguay le garantizará a Argentina el “acceso pleno” de los científicos para el monitoreo de Botnia-UPM y del río Uruguay. Así lo anticipó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, horas antes de que el canciller Luis Almagro viaje a Buenos Aires para traer la respuesta de su país a la propuesta argentina.

Almagro se reunirá hoy en el Palacio San Martín con su par Héctor Timerman, a quien le entregará una contrapropuesta. A modo de anticipo, Conde, que cumple el rol de vicecanciller, aseguró que “la solución está en garantizar el acceso pleno de la ciencia a todos los análisis de los métodos y las muestras que sean necesarias”, para poder realizar “un informe exhaustivo que les dé garantías a ambos gobiernos y a ambas sociedades”.

Aunque para preservar la negociación ni la propuesta argentina ni la contrapropuesta uruguaya fueron informadas a la prensa, algunos datos generales se han ido conociendo. Se sabe que la Argentina presentó dos planes, uno para la vigilancia de Botnia y otro para la vigilancia del río. El planteo es instalar dentro de Botnia-UPM equipos que permitan registrar de manera permanente el estado de los efluentes que la pastera vuelca al cauce, poner sensores en la chimenea y crear un sistema para difundir los resultados de manera automática, para que estén a disposición de la sociedad. Además, como medida complementaria, propuso la creación de una universidad ambiental binacional con sede en la ciudad de Gualeguaychú.

Según publicaron los diarios de Montevideo, la contrapropuesta uruguaya habla de crear una delegación técnica a cargo de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) para inspeccionar las fábricas de un lado y del otro del río, incluida Botnia-UPM. Del lado uruguayo no han trascendido muchos detalles más, salvo la aclaración de que Brasil no estará incluido en el monitoreo por ahora. La idea, de todas formas, es que en el futuro los brasileños se comprometan a cuidar su tramo del río.

Conde habló bastante del tema. Consultado sobre si se podrá llegar a un acuerdo para los primeros días de agosto (el plazo que los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica acordaron), el vicecanciller le quitó importancia al tema. “Estamos dentro de los plazos y todo el mundo está actuando con razonabilidad para que una cuestión de un día más o un día menos no altere los enormes progresos que hemos tenido en las cosas fundamentales”, dijo. En ese sentido, apuntó que hubo “dos avances trascendentes: primero, la base política del acuerdo y, segundo, la visión conjunta de que es un protocolo de acción científica lo que tiene que determinar la solución. De modo que ahora lo que queda son los temas concretos”.

Aclaró que “la cuestión es acordar la médula del asunto, que es un protocolo de acuerdo científico para el monitoreo”, y finalmente sostuvo que “en el programa de trabajo de los ministros” está decidir “quiénes van a ser los agentes científicos que deberán llevar a cabo los estudios”.

El monitoreo de Botnia-UPM fue ordenado en abril por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En su fallo, el tribunal estimó que la Argentina no había aportado “pruebas concluyentes” de que la pastera esté contaminando y exigió que ambos países realicen un monitoreo ambiental de la empresa y del río, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Los presidentes luego ampliaron este concepto y acordaron que además de la papelera se controlarán todas las fábricas ubicadas sobre ambas márgenes del río.