Francisco Miret y Otilio Romano no son los únicos jueces acusados de convalidar las ilegalidades cometidas por la última dictadura. A paso lento pero firme, avanza el proceso de justicia sobre otros magistrados y funcionarios judiciales señalados como cómplices de las acciones cometidas por el terrorismo de Estado.

El caso más resonante es el de Víctor Brusa, ya que fue el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. En diciembre último, el Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a veintiún años de prisión efectiva tras ser encontrado culpable de ocho casos de apremios ilegales. También ganaron cierta notoriedad en aquella provincia los casos de los ex jueces federales Víctor Montti –acusado de ignorar las denuncias de las personas detenidas y de hacerles firmar declaraciones obtenidas bajo torturas– y Luis María Vera Candioti, que en 1977 fraguó datos de una niña cuya familia fue asesinada.

Carlos Martín Pereyra González, camarista mendocino al igual que Miret y Romano, renunció a su cargo en abril de 2009 luego de ser acusado de encubrir delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de San Luis. Durante la dictadura, Pereyra González se desempeñaba como secretario del juez federal Eduardo Allende y fue denunciado por ex presos políticos por no recibir denuncias de tormentos presentadas en 1977. Ahora está siendo investigado por la Justicia puntana en el único juicio de lesa humanidad que lleva adelante el tribunal federal de esa provincia.

Otro que abandonó su cargo hace algunos meses fue Carlos Otero Alvarez, secretario penal de la Justicia Federal de Córdoba que durante la dictadura habría adoptado un rol pasivo frente a la denuncia de torturas. De acuerdo con la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, el magistrado tampoco realizó denuncia alguna frente a distintos allanamientos ilegítimos producidos sin orden judicial. El actual juicio por fusilamientos de la UP1 podría reactivar su causa.

El ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán está involucrado en la causa “Menéndez”, que tiene como principal imputado al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército. Semanas atrás, Catalán negó las imputaciones de la fiscalía federal –que lo acusa de asociación ilícita, privación de la libertad, tormentos y homicidio– pero quedó detenido en su domicilio el mismo día en que fue citado a indagatoria.

En Chaco, dos magistrados acusados por el propio procurador Esteban Righi fueron suspendidos en sus cargos. Uno es Roberto Mazzoni, que desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976 se desempeñó como secretario del juzgado federal de Resistencia, quien fue señalado como partícipe de varios interrogatorios ilegales y denunciado por amenazar a distintos detenidos durante la dictadura. El otro fue el ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, acusado de cometer y consentir numerosos atropellos contra los detenidos, quien murió el pasado 24 de abril, semanas antes de que se iniciara la “Causa Caballero” en la cual se lo acusaba de participar de sesiones de tortura a detenidos políticos.