La suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias es ítem de agenda flamante, de la era kirchnerista. Esa reivindicación salarial hubiera sonado a broma en años previos. Ahora concierne a cientos de miles de laburantes y de autónomos, seguramente la crema de ambas categorías sin dejar de ser un número estimable. Para la dirigencia de la CGT, que exige la supresión del tributo para los que cobran con sobre, fue insuficiente el porcentual y tuvo sabor a poco su punto de partida, el primero de julio. Los contadores deberán renegar para comprender cómo se liquida el impuesto que se declara anualmente.

El Gobierno buscó atender tres objetivos simultáneos. Mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, darle “algo” al secretario general Hugo Moyano, cuyo gremio es interesado central en la movida, y relativizar el impacto en los ingresos fiscales, nada despreciable.

Un tópico exótico hasta hace poco, se aborda a tono con la nueva época. Hay reproches por su avaricia enfrentados a comentarios acerca de la injusticia de beneficiar a los sectores de punta de los trabajadores, a veces surgidos de despachos oficiales. De punta o no, son trabajadores, dependen de su laburo cotidiano y están expuestos a los vaivenes de la economía nativa, tan fluctuante ella.

La acción ganaría calidad distributiva (con menor esfuerzo fiscal) si se acompañara de una corrección innegablemente progresiva: aumentar la alícuota de los contribuyentes de ingresos más elevados, que sí pueden y deben mejorar su aporte al erario.

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El Banco Central compró una cifra record de dólares el viernes, sin despeinarse. La cotización se sostiene tranqui, favorecida en los meses recientes por la re apreciación del real. Las reservas orillan un nivel record, totalmente alejado de los vaticinios que acompañaron la salida desafiante de Martín Redrado. El Central no se desfondó, no naufragó como consecuencia del pago de deuda externa, la stangflation es una amenaza sólo vigente en comarcas trasantlánticas. Tiene su encanto repasar las atrocidades que se profetizan, a pocos meses vista.

La aspiradora de divisas del Central se vio facilitada por la liquidación de divisas de exportadores agropecuarios, que vuelven a eras doradas. Es una consecuencia virtuosa de un sistema económico excesivamente primarizado y dependiente de las lluvias, en un contexto de alza de las commodities. Rectificarlo sin renegar de las ventajas comparativas de los términos del intercambio es un desafío para muchos países de este Sur, entre ellos la Argentina. Un punto vacante en la agenda pública, como tantas cuestiones que aluden al mediano plazo y a las correcciones de sintonía fina.

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El consultor Miguel Bein se toma la molestia de calcular a cuánto llegarían las retenciones si se aplicara el esquema móvil propuesto por el oficialismo en 2008. Adivine, lector, le damos puntos suspensivos para que piense...

Adivinó: serían menores a las vigentes. En esa perspectiva la oposición que propone aumentar sideralmente el gasto público mociona reducir el tributo. Las aguas, empero, se dividen. Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, y los socialistas se oponen a una baja indiscriminada que beneficiaría a su ver a los grandes productores. El radicalismo y la Coalición Cívica rechazan esas advertencias y van por todo. Hasta el diputado Felipe Solá, paladín del “campo” como pocos, alerta que sería interesante estudiar el impacto fiscal de la medida. A los correligionarios y los cívicos esa exigencia les parece melindrosa.

Buzzi vuelve, al menos en discurso, a su gremialismo de años atrás. Un viraje estimable, si perdura en el tiempo y no termina plegado como antaño a los productores y sus partidos orgánicos.

El Grupo A trata de imprimir vértigo a una salvaje poda fiscal. Es llamativa su versión de la institucionalidad doméstica: cuando se afectan intereses de derecha (ley de medios, matrimonio entre iguales) se exige tiempo, maceración, audiencias públicas. Cuando de favorecerlas se trata, acelerador a fondo y a otra cosa.

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La polémica sobre el 82 por ciento móvil se enriquece al sumarse aliados o dirigentes no antagónicos del Gobierno: los diputados Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra entre ellos. Se suman al reclamo de la elevación del haber de todos los jubilados con haber mínimo, a condición de reimplantar aportes patronales. El oficialismo, que sigue criticando en block cualquier proyecto que no sea propio, deberá afilar el lápiz y los argumentos. Intramuros, en la Casa Rosada y zonas de influencia, se rememora una iniciativa no acogida de Hugo Yasky y otros dirigentes de la CTA, cuando se estaba por hacer ley el coeficiente de actualización semestral. Era elevar las jubilaciones antes del primer aumento, para mejorar la ecuación de los jubilados. La idea se analizó y en definitiva fue rechazada. Tamañas decisiones, en gobiernos kirchneristas, las toma la presidencia. Ahora, se repasa y (en susurros) se lamenta. La perspectiva de recrearla antes de septiembre (fecha de la próxima suba legal) en un contexto de demanda opositora puede ser un principio de respuesta.

Al kirchnerismo no le gusta ser “corrido por izquierda” y le viene pasando. Algunos proyectos opositores son aviesos y sólo buscan el veto, para sacar ventaja. Otros, como los mencionados y los de Proyecto Sur, ameritan mucho más que una negativa a libro cerrado.