En el trasfondo de las difíciles negociaciones por Botnia-UPM está el Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con Finlandia en 2002, antes de que la papelera desembarcara en el país, como condición para instalarse. Por este convenio, el Estado uruguayo quedó obligado a indemnizar a las empresas finlandesas que se establezcan en su territorio en el caso de que sufran “expropiaciones directas o indirectas”, término este último que nadie sabe exactamente qué significa, pero que sugiere que la empresa se considerará con derecho a ser indemnizada ante cualquier tipo de pérdida económica. El acuerdo de protección de inversiones estipula además que si las compañías finesas instaladas en el Uruguay tienen pérdidas “por manifestaciones o revueltas” en su contra, también serán resarcidas. Por otra parte, en todo lo referido a Botnia si hay un juicio entre la empresa y el Estado uruguayo la legislación uruguaya quedará subordinada a los criterios del tribunal internacional que elija la empresa. El convenio tiene vigencia por 20 años, que es el tiempo estimado de vida útil de la pastera.