No bien termine la feria judicial, el juez Norberto Oyarbide definirá la situación del segundo de Jorge Palacios, Osvaldo Chamorro. Como en la empresa de Palacios, Strategic Security, en la que Chamorro trabajaba, se pidieron informes económicos de dirigentes gremiales, legisladores de la Comisión de Seguridad y hasta un abogado que denunció sobreprecios en obras del Hospital Santojanni, es muy posible que Oyarbide procese a Chamorro por ser cómplice en el espionaje. Este sería un paso más en la demostración de que las operaciones no eran aisladas sino que Palacios, Chamorro, James y otros hombres incorporados a la Metropolitana integraban una estructura. En privado, los hombres más allegados a Macri admiten que Palacios metió en la Metropolitana a personajes de muy dudoso pasado y que, luego, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, ordenó una revisión de esos nombramientos. El tercero de la fuerza, Roberto Ontiveros, también resultó eyectado.

En su fallo, la cámara da por probado que Ciro James espiaba a otras personas, incluso mucho antes de incorporarse a la estructura del Gobierno porteño, a través del Ministerio de Educación. La defensa de Macri sostiene que eso prueba que la organización de James era previa y el espionaje abarcaba a numerosos particulares. En este terreno, los camaristas resaltan dos cuestiones. En primer lugar, que si James espiaba de antes, eso no cambia la acusación contra Macri. Pero, al mismo tiempo, la cámara le dice a Oyarbide que siga investigando a quién estuvo detrás de cada escucha telefónica, a Carlos Avila, a su yerno, Federico Infante, a ejecutivos de Coto, a otros empresarios y a mujeres y amantes de empresarios. “Así como se reclama descubrir el verdadero interesado detrás de las escuchas de Leonardo, lo mismo debiera procurarse en relación con las restantes intervenciones. Esto permitiría establecer patrones comunes y desentrañar el detalle de cómo funcionaba la empresa de inteligencia”, redondean los camaristas.