En una presentación ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura de Mendoza, ocho organizaciones sociales que trabajan por los derechos de la diversidad sexual denunciaron al gobernador de la provincia, Celso Jaque, por la “posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, apología del delito y práctica discriminatoria”. El planteo se hizo frente al anuncio oficial del gobernador, el 22 de julio pasado, por el cual dio instrucciones al Ministerio de Gobierno para que haga un relevamiento de los funcionarios públicos que quisieran hacer “objeción de conciencia” para negarse a celebrar casamientos entre personas del mismo sexo. La abogada Sandra Pasarela, de la Colectiva la Cortina, consideró que con su decisión Jaque “está incitando a los funcionarios públicos a no cumplir con la ley, por un lado, y a cometer actos discriminatorios, por el otro”.

La directora del Registro Civil de Mendoza, Olga Videla, dijo que a esta altura “todos (los funcionarios bajo su dependencia) están enterados” de la decisión del gobernador y hasta el momento “se les ha preguntado a 35 oficiales y ninguno ha demostrado objeción al respecto”. El número total de oficiales es 90. En San Juan, donde el gobierno hizo un planteo semejante al de las autoridades de Mendoza, la directora del Registro Civil de esa provincia, María del Carmen Vega, advirtió que “el funcionario que se niegue a celebrar una boda homosexual debe ser sancionado”. En Mendoza, el gobernador Jaque adelantó que “no se tomarán medidas contra los que se nieguen”, según comentó Olga Videla.