La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú recibió con beneplácito los gestos que le dio el canciller Héctor Timerman en el encuentro que mantuvo ayer con diez de sus representantes. Reunidos anoche en una asamblea informativa, el clima de disconformidad que se generó en la ciudad a partir de la firma del acuerdo entre la presidenta Cristina Fernández y su par uruguayo José Mujica se fue descomprimiendo, aunque aún se reservan muchas dudas acerca de cómo se implementarán los monitoreos en la pastera UPM. Todo indica además que en las próximas reuniones deberán someter a votación una prórroga en la tregua que se autoimpusieron para mantener liberada la ruta 136. El regreso al corte es un tema que quieren manejar con cautela ante el fantasma de la querella iniciada por el Estado, que sigue su curso y que acecha a varios de sus referentes.

A diferencia de la primera reunión con Timerman, en la que la preocupación de los asambleístas por la demanda fue uno de los ejes de la conversación, en la de ayer ni siquiera fue mencionado. Tampoco hubo alusión al vencimiento del plazo de la tregua acordada por los vecinos, dentro de 15 días. En la asamblea tienen la disyuntiva de esperar a que el Gobierno les plantee la necesidad de ampliar la tregua hasta que se cumplan los tiempos lógicos de implementación del monitoreo conjunto, o anticiparse para dar un gesto conciliador. Mientras tanto, ya transcurrieron 45 días de los dos meses que votaron para esperar a un costado de la ruta que se cumplan sus demandas. En la ciudad entrerriana no reniegan de la decisión que les permitió abrir un canal de diálogo con el Gobierno, pero saben que el futuro de la medida deberá definirlo una asamblea ampliada que, se estima, será convocada más cerca de la fecha.

Desde los sectores más duros, opuestos al levantamiento del bloqueo, ya no sostienen a rajatabla la necesidad de volver a la ruta apenas finalice la tregua. Aunque siguen sin estar del todo convencidos, las voces que se alzaban reclamando medidas más duras, incluso antes del 20 de agosto, fueron perdiendo fuerza con las últimas novedades desde el Palacio San Martín. “Ya sabíamos que el Gobierno iba a empezar a moverse sobre el final del plazo”, señaló el coordinador de la asamblea juvenil, Miguel Ambrosio a Página/12. “Un poco defraudados nos sentimos, pero estamos expectantes al día 20 cuando se haya cumplido lo pactado”, agregó el ambientalista, al tiempo que arriesgó que “para que el resultado de la negociación sea bueno, quizá sea conveniente mantener la ruta liberada”. Tanto la visita a Gualeguaychú que el canciller les prometió en un mes, como la conformación de la comisión científica y el comienzo de los monitoreos exceden la fecha prevista. Por eso, en el Club Frigorífico prefirieron no adelantarse y dejar transcurrir el tiempo.

Terminada la reunión, Timerman publicó en la red social Twitter que “el corte es un tema de la Justicia” como para reafirmar que junto con la querella, ambos asuntos están íntimamente relacionados. Los abogados que defienden a los diez asambleístas denunciados ya cumplimentaron los trámites de rigor y planean pedir copias de lo actuado por el juez de Concepción del Uruguay Gustavo Pimentel, que en su fallo había desestimado convocarlos a declarar. En Gualeguaychú intuyen que la apelación por parte de la fiscal, que logró que el expediente siga su curso y pueda derivar en el procesamiento de esos vecinos, es una jugada del Gobierno para condicionar cualquier intento de volver a cortar la ruta.

Informe: Gabriel Morini.