Siguiendo los pasos del radicalismo, la interna del peronismo también aterrizó en los tribunales electorales. El juez federal Norberto Oyarbide, que suple a la magistrada con competencia en el fuero, María Romilda Servini de Cubría, habilitó la feria judicial de enero para expedirse en forma urgente sobre una presentación formulada por el menemismo en la que reclama que se “declare impostergable la elección primaria del PJ”.
Según la agencia DyN el magistrado le dio intervención al fiscal federal Jorge Di Lello para que “en 24 horas” diera su punto de vista sobre el escrito entregado en tribunales por el titular del Consejo Nacional del PJ, el pampeano Rubén Marín y el secretario de ese cuerpo, César Arias (hijo). Controlado por el menemismo, el Consejo fijó el 23 de febrero para las internas. Pero en una impugnación previa del menemismo, Servini había determinado que el congreso partidario, presidido por el duhaldista Eduardo Camaño, era el órgano soberano para definir las reglas de juego en el peronismo. Concretamente dijo que el congreso “representa la soberanía partidaria”. Claro que la última definición de ese congreso, no modificada por ninguno posterior, había determinado que la interna se debía realizar el 18 de enero. Algo que parece incumplible.
Otra presentación judicial realizada ayer moverá las aguas de la interna y puede darle al duhaldismo la herramienta para postergar los comicios nacionales. El abogado Ricardo Monner Sans consideró que los cambios a la ley de acefalía sancionados por el Congreso para facilitar que Eduardo Duhalde deje la Presidencia el 25 de mayo, “es doblemente inconstitucional”.
El letrado señala que “ante la vacancia, la presidencia interina debe ser asumida por un funcionario y probablemente el electo el 27 de abril no lo sea”. Además de cuestionar este punto, Monner Sans también sostiene que al binomio electo se les estará dando “un lapso adicional como integrantes del Poder Ejecutivo de seis meses y medio”. Curiosamente, el duhaldismo pedía a gritos por alguna presentación judicial que diera por tierra con el llamado a elecciones realizado por Duhalde. Oyarbide contestará en febrero.