El Foro de San Pablo, que por primera vez sesionó en Buenos Aires, mantuvo los tres objetivos de la reunión anterior: “No ceder ningún espacio para la derecha”, “profundizar los cambios” y “acelerar el proceso de integración”.

La presencia en el Foro de dos ex presidentes con finales tan distintos graficó el tablero actual de América latina.

Un ex fue Néstor Kirchner, a la vez presidente del Partido Justicialista y secretario general de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur). Kirchner cumplió su mandato constitucional completo, entre el 2003 y el 2007, y puede ser el candidato del oficialismo para las presidenciales del 2011.

Otro ex fue Manuel Zelaya, de Honduras. Zelaya fue víctima de un golpe como el que en 1962 derrocó a Arturo Frondizi; intervención militar rápida, reconocimiento norteamericano y elecciones. El miércoles, este diario publicó un reportaje a Zelaya. Entre otros relatos, contó que los brasileños le salvaron la vida.

Porfirio Lobo, el actual presidente de Honduras, no fue reconocido por toda la región. El razonamiento fue que existe la continuidad jurídica de los Estados, pero queda en suspenso cuando el paso de un gobierno a otro se da justamente por un golpe militar.

En la asunción del colombiano Juan Manuel Santos, el 7 de agosto último, Lobo hizo todo lo posible por acercarse a colegas y ex colegas. En un momento se aproximó a Kirchner y lo saludó.

“Soy Porfirio Lobo, el presidente de Honduras”, dijo.

Kirchner le respondió distante: “Mucho gusto, señor”. Omitió decirle presidente, no lo tuteó como a los demás y cortó la conversación.

Honduras es un límite. Del Foro de San Pablo participaron 160 organizaciones. Se trata de partidos de la izquierda clásica, de la nueva izquierda, de movimientos con matriz nacional, popular y democrática, de organizaciones sociales monotemáticas, de organizaciones sociales de amplio espectro. De partidos de oposición y de partidos de gobierno. Mayor diversidad, imposible. Pero la propia presencia de Kirchner, ayer al mediodía, revela que todos encarnan como propio el objetivo de impedir un regreso al pasado, así sea al pasado de las antiguas dictaduras y no la última ola de Estados terroristas. La novedad del asunto es que la forma de encarnar ese objetivo es cada vez menos testimonial. Por eso la insistencia del Foro en la integración y en la coordinación política, o al menos en el intercambio de ideas y proyectos. Si se da por elecciones democráticas, como sucedió con Sebastián Piñera en Chile, un triunfo conservador en un país debilita al resto de los que proyectan planes de justicia social y mayor igualdad. Y si el giro es por golpe y goza de la tolerancia de los demás, la fisura puede ser irreparable.

Cuando los documentos hablan de “no ceder espacio para la derecha”, hablan, también, de elecciones. Hay dos inminentes: el 26 de septiembre Venezuela renovará su Parlamento; el 3 de octubre Brasil celebrará la primera vuelta entre la petista Dilma Rousseff y el actual gobernador de San Pablo, José Serra.

Las elecciones del 26 fueron una de las razones por las que Hugo Chávez quiso reanudar relaciones diplomáticas con Colombia, una gestión en la que aportó sus buenos oficios el secretario general de Unasur. Aunque antes fue triunfador en catorce elecciones democráticas, Chávez precisa de la mayor tranquilidad externa posible.

En cuanto a las elecciones de octubre en Brasil, tendrán impacto continental. Una victoria de Dilma no garantizará que el resto de los países de Sudamérica siga la ola de justicia con mayor igualdad. Pero una derrota suya sí puede ser decisiva para la región. De todos modos, las últimas encuestas indican que, si se contabilizan los votos válidos, la ex jefa de la Casa Civil (gabinete) de Lula y ex ministra de Energía ya está cerca de ganar en primera vuelta. Sería el tercer triunfo consecutivo de Lula y del PT. El primero como garante de Dilma a través de su propia popularidad, que hoy supera el 80 por ciento. El segundo, el PT, como constructor de mayorías y alianzas a escala estadual y nacional en Brasil. Si ese esquema triunfa, un gobierno de raíz popular terminará completando un ciclo de por lo menos doce años de administración, de comienzos de 2003 a comienzos de 2015.

Ese tipo de horizonte, surgido del voto y relegitimado una y otra vez por la vía constitucional, permite la profundización de debates como el del Foro de San Pablo. Es la prueba de la eficacia que tiene, aun con sus tensiones, el contrapunto constante entre la movilización y la gobernabilidad, entre las sanas provocaciones al sentido común y la necesidad de tener en cuenta el balance de poder real en cada país para ir cambiándolo sin que salte la llave térmica.

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