El fallecido fiscal Ricardo Molinas, que durante la gestión de Raúl Alfonsín investigó la transferencia del paquete accionario de la empresa Papel Prensa a sus actuales socios privados, pidió en su momento la anulación de esa operación y realizó las correspondientes denuncias penales, aseguró su hijo y entonces secretario, Fernando Molinas.

Así, salió al cruce de un comunicado de los diarios Clarín y La Nación según el cual la venta de acciones de la familia Graiver a los nuevos socios “fue investigada ya en democracia por el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, que no encontró irregularidades”. Según Molinas hijo, “tal afirmación no es cierta”, ya que su padre “formuló diversas denuncias penales y solicitó la nulidad de la adjudicación recaída en los diarios”, motivo por el cual decidió radicar una causa en el Juzgado Federal 3 de la Capital Federal.

En un comunicado, Molinas hijo transcribió textualmente las conclusiones del dictamen emitido por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en 1984, tras analizar las denuncias de “presuntas irregularidades en la transferencia de las acciones de Papel Prensa”, hechas por el entonces diputado Norberto Imbelloni. En el cuarto punto de aquel dictamen, el fiscal Molinas consideró que los miembros de la Junta Militar habían cometido el “delito de encubrimiento” al autorizar la venta de Graiver a Clarín, La Nación y La Razón a fines de 1976. Esa autorización, resaltó, se consumó “apenas un mes antes de la detención, desaparición e interdicción” de los Graiver, “ocultando todo lo referente a dicha vinculación hasta que la transacción quedó concretada”.

Molinas hijo también contrastó la actitud de su padre luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo decretara en agosto de 1984 el cese de la interdicción de bienes de los Graiver, “retrotrayendo las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al desapoderamiento” que ejerció la Junta Militar. “Como consecuencia de ello –concluyó–, en el mismo expediente se remitió copia del dictamen al presidente de la República a fin de que se adoptasen los recaudos pertinentes para lograr la nulidad de los convenios, en lo relativo a Papel Prensa S.A.”