“Estrago doloso seguido de muerte”, dice, en principio, la carátula del expediente sobre el derrumbe en el gimnasio de Mendoza y Triunvirato, que tuvo lugar hace un mes. Un peritaje de Bomberos vincula el siniestro con “una inadecuada metodología en la obra, que no respetaría las reglas del arte de la construcción”. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló la resolución de la jueza que lo rechazó como querellante, ante la posibilidad de que haya tenido responsabilidad en los sucesos. Fueron admitidos en cambio los deudos de dos de las víctimas. Están procesados hasta ahora el ingeniero que dirigía los trabajos y dos integrantes de la empresa constructora. Según el abogado de la madre de una de las víctimas, “hay que procesar al funcionario responsable y también al que lo designó”. Para la Defensoría del Pueblo porteña, “puede ser necesario cambiar la modalidad de los controles y las sanciones”. La madre de una víctima, por su parte, denunció “falta de humanidad en el Gobierno de la Ciudad: nunca se comunicaron con nosotros”.

La causa está a cargo de la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, y los procesados son hasta ahora el ingeniero Guillermo Heyaca Varela, Daniel Menta y José Pataro, estos dos últimos de la empresa Pataro Construcciones, que construía un edificio junto al gimnasio Orion Gym, en Mendoza y Triunvirato, barrio de Villa Urquiza. La carátula, “Estrago doloso seguido de muerte”, es la misma que rige en el caso Cromañón, sólo que en el caso de Villa Urquiza es una designación provisoria, que podrá cambiar cuando la jueza proceda a dictar procesamientos, en caso de que así lo decida.

El peritaje oficial suscripto por la arquitecta Estela Alicia Velázquez, de la Superintendencia Federal de Bomberos, sostiene “como hipótesis causativa del suceso, que el siniestro guardaría relación con una inadecuada metodología en el proceso de excavación del terreno y de la submuración que se estaría llevando a cabo en la obra, la cual no respetaría las reglas del arte de la construcción”. Agrega que “los responsables de la dirección de la obra habrían presentado, en la tramitación del permiso ante la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la documentación con el procedimiento correcto a seguir para realizar las tareas de excavación y submuración, comprobándose en el relevamiento técnico que dicha metodología no fue desarrollada en la práctica”. Es decir: sabían cómo había que hacerlo, pero no lo hicieron.

El abogado Alejandro Díaz –del estudio de Fernando Burlando– representa a Patricia Izraelewicz, madre de Maximiliano Salgado, uno de los tres fallecidos en el derrumbe del 9 de agosto: “Corresponde al Gobierno de la Ciudad la responsabilidad por el control y las inspecciones de la obra. Es necesario determinar quiénes fueron específicamente los funcionarios responsables”. Burlando agregó que “se trata de buscar, no sólo al funcionario responsable, sino al que lo designó”, y consideró “vergonzosa la actitud de Macri y sus funcionarios al pretender presentarse como querellantes en una causa donde, a todas luces, algunos de ellos serán responsables”. La jueza Fontbona de Pombo había desestimado la presentación como querellante del gobierno porteño, que apeló esa resolución ante la Cámara.

Atilio Alimena –defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que había revelado denuncias de vecinos por “alteraciones” causadas por los trabajos de excavación que condujeron al derrumbe– señaló ayer que “puede ser necesario mejorar la modalidad de los controles y las sanciones a fin de contar con un claro margen de seguridad en las construcciones. Hasta ahora viene haciéndose la primera inspección a la altura de la primera losa: tal vez haya que hacerla antes. Y hay que exigir el cumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que no se cumple a nivel nacional”.

Patricia Izraelewicz, madre de Maximiliano Salgado, fue admitida como querellante en la causa, así como los familiares de Guillermo Ramón Fede: “Hay muchos culpables –sostuvo–: el Gobierno de la Ciudad, el ingeniero, el dueño de la empresa constructora, los inspectores y otros funcionarios”. Agregó que “el Gobierno de la Ciudad no se comunicó conmigo en ningún momento: hubo mucha falta de humanidad”.