El fiscal Pablo Lanusse pidió que se investigue al presidente Eduardo Duhalde y a todo su gabinete por el decreto que suspendió por 180 días todas las acciones judiciales contra el “corralito”. Lanusse reclamó que se inicie un expediente por “el posible delito de abuso de autoridad agravado por poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional”.
La presentación, que se refiere al artículo 12 del decreto 214/02, se fundamenta en los pactos internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución en la reforma de 1994 que consagran el derecho “a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. Con el artículo 12 del decreto 214/02 el Gobierno ordenó paralizar por seis meses todas las acciones judiciales contra las restricciones de los depósitos bancarios y la pesificación. Con argumentos similares a los del fiscal Lanusse, el abogado José María Estévez Cambra pidió directamente a la Corte Suprema que declare la nulidad e inconstitucionalidad del mismo artículo del decreto 214, y reclamó que le ordenara a los jueces de primera instancia que aún no se expidieron sobre el fondo en las medidas cautelares previas a la declaración de inconstitucionalidad, resuelvan con el criterio fijado por la Corte.