La foto de Menéndez de chacota con Bustos Fierro, que no puede ser juez.

El miércoles se conocerá la sentencia en el juicio a los ex generales Jorge Videla y Luciano Menéndez por los fusilamientos de la penitenciaría de Córdoba. En su alegato, el fiscal Carlos Gonella se refirió a la complicidad en los crímenes de lesa humanidad de sectores de la política, la magistratura y la Iglesia Católica. Así describió la conducta de varios magistrados y funcionarios que no hicieron respetar los derechos de las personas, la Constitución y la ley:

- Luis Ricardo Haro, entonces defensor oficial, hoy conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Permitía que personal militar apuntara su fusil a la cabeza de un detenido mientras declaraba ante el juez en la cárcel. Cuando una detenida intentó denunciar que habían saqueado su casa y la habían torturado, le aconsejó que no lo hiciera.

- Carlos Otero Alvarez, secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma y luego miembro del Tribunal Oral Federal. Permitió la misma intimidación que Haro. Varios presos le informaron de las torturas que habían padecido y de la amenaza de muerte contra el detenido Hugo Vaca Narvaja. Dijo que no podía hacer nada porque estaba a disposición del Poder Ejecutivo.

- Zamboni Ledesma, Eudoro Vázquez Cuesta y Miguel Angel Puga, jueces. Los tres ignoraron los recursos de hábeas corpus por Vaca Narvaja, quien fue sacado de la UP1 y fusilado.

- Luis Eduardo Molina, defensor oficial, sugería a sus defendidos que no denunciaran las torturas padecidas ni los fusilamientos de sus compañeros. A una detenida le dijo que si no colaboraba con los militares ni se sacaba la bombachita, no iba a salir más. Así fue, permaneció largos años presa sin cargos.

Gonella dijo que otros casos demuestran que era posible ejercer con dignidad la magistratura y contradecir a los militares en el gobierno. Citó al actual juez supremo Raúl Zaffaroni, quien permitió la salida del país de un preso sin causa, y al entonces camarista Daniel Pablo Carreras, que perdió su cargo por revocar detenciones ilegales. Gonella asoció una frase del cardenal Raúl Primatesta sobre “la mano izquierda de Dios” que “es paternal, pero puede ser pesada”, con la orden de proceder en forma clandestina que Menéndez impartió el 13 de abril de 1976, la cual condujo a la aplicación de la ley de fugas a 31 presos legales en la UP1. También mencionó a los capellanes Eduardo McKinnon y Sabas Gallardo, que justificaban las torturas durante las primeras 24 horas de detención y comunicaban a los presos que morirían si sus compañeros atentaran contra los militares o el gobierno.

Uno de los sobrevivientes de la UP1, Luis Miguel Baronetto, denunció a Otero Alvarez, quien renunció cuando el Consejo de la Magistratura lo citó para que hiciera su descargo. El Consejo notificó al Poder Ejecutivo que Otero carecía de las condiciones para cualquier próxima designación, pero el último día de mandato de sus integrantes, el ex presidente Luis María Cabral hizo votar cerca de la medianoche una resolución que revoca esa inhabilitación, por lo cual podría ser convocado para actuar como subrogante en alguna causa futura, decisión que Baronetto ya anunció que apelará. Otero Alvarez fue protegido durante este procedimiento por sus compañeros de tribunal, en especial su presidente Jaime Díaz Gavier, quien procuraba evitar que en el juicio por la UP1 se ventilaran estas conductas. El candidato del núcleo tradicional que controla la magistratura cordobesa para suceder en el TOF 1 a Otero Alvarez es Pablo Bustos Fierro. El defensor de presos políticos Rubén Arroyo contó en su alegato que cuando llevó sus denuncias a los tribunales, el secretario Bustos Fierro le dijo “doctor, habría que pensar cómo era ser juez en esos tiempos y yo le contesté mal y le dije habría que pensar lo que era ser preso en esos tiempos”. El candidato es hijo del juez electoral Ricardo Bustos Fierro, aquel que en 1999 habilitó a Carlos Menem para la rrreelección. Cuando se reclutó al personal para los juicios por delitos de lesa humanidad, fue elegida como secretaria de derechos humanos una prosecretaria del TOF 1. Ricardo Bustos Fierro se comunicó con sus integrantes y les ofreció tres vacantes en su juzgado para que designaran a quien quisieran, si su hijo era el contratado para el cargo en el TOF 1. El trato se cerró y sendos hijos de Otero Alvarez y de los todavía hoy jueces Jaime Díaz Gavier y Vicente Muscará pasaron a trabajar en el juzgado del padre de Bustos Fierro. El Consejo de la Magistratura lo ascendió bien por encima del puntaje que le asignó el jurado. Su candidatura fue impugnada por el abogado Miguel Ceballos, querellante en una de las causas por crímenes de lesa humanidad, por falsear como secretario del TOF 1 información relevante. En 2009, el fiscal general Fabián Asis recusó a Otero Alvarez, pero el TOF1 lo confirmó, aduciendo que la recusación había sido rechazada por el juez Alejandro Sánchez Freytes. Ese dato era falso, porque omitía que el querellante había apelado la resolución, que no estaba firme. Esa negligencia grave en su carácter de fedatario cuestiona la idoneidad de Pablo Bustos Fierro, ya que violó “un deber de cuidado elemental”, dijo Ceballos. Agregó que Bustos Fierro “proviene de un sector tradicional, denominado la Sagrada Familia”. Como secretario de derechos humanos del tribunal suele conversar amistosamente con los imputados durante los cuartos intermedios. En una de esas chacotas confraternizó con el propio Menéndez, quien llegó a tomarlo del brazo. La escena fue inmortalizada por el diario local La Voz del Interior, y adjuntada por el CELS en su impugnación, ya que el candidato carece de la “integridad moral y compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos” requeridos por el decreto que estipula las condiciones que debe cumplir un candidato a la magistratura federal. ¿O alguien se imagina a un secretario del tribunal de Nuremberg celebrando un chiste de Hermann Göring?