La psicóloga Zaida Gatti dirige la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Zaida dijo que las autorizaciones paternas a los menores que reclutó Nidera se firmaron en una comisaría o juzgado de paz, pero o no consignaban el destino, o no designaban un adulto responsable o el adulto responsable no era el que estaba a cargo. Se consignaban destinos diferentes al real, como la provincia de Córdoba y en dos casos los permisos no los firmaban los padres, sino los cabecillas. Los sellos de esos documentos eran ilegibles, lo que hace dudar de su autenticidad. Las víctimas, entrevistadas por quince psicólogas de la oficina, dijeron que los ómnibus charter provistos por la empresa carecían de las condiciones necesarias de seguridad, no tenían ventanas y circulaban con las puertas abiertas. Los cabecillas eran encargados de reclutar a los miembros de cada cuadrilla y dependían de los capataces, que a su vez respondían a los ingenieros de Nidera. No les informaron dónde trabajarían, ni durante cuántos días, ni por qué paga ni en cuales condiciones. Varios dijeron que antes de llegar a El Algarrobo habían trabajado en otra finca de Nidera. La jornada era de once horas, de lunes a lunes, pero a veces se prolongaba y nunca se suspendía por lluvia. Los trailers en los que se hacinaban de a 18, en cuchetas superpuestas como en los campos de concentración, carecían de energía eléctrica, agua corriente, cocina o baños, que improvisaron con los elementos que encontraron tirados en el predio. No había ni un baño químico. Utilizaban agua de pozo y cocinaban sobre fogones en el piso. Según Zaida Gatti esos alojamientos son incompatibles con las condiciones mínimas exigidas por la ley de Contrato de Trabajo. La única ropa que recibieron fue una capa de lluvia y, en algunos casos, guantes y antiparras. En cambio, los capataces tenían viviendas con energía eléctrica. En el campamento había alacranes, ratas, arañas y víboras, contra los cuales no les suministraron protección alguna. Los responsables demoraban la atención médica cuando era solicitada y los capataces suministraban remedios sin prescripción médica. Uno de los trabajadores fue picado por una araña, pero recién lo llevaron a un centro asistencial después del allanamiento. Zaida cree que la vida de ese muchacho estuvo en peligro. La mayoría de los trabajadores contaron a las psicólogas que no podían salir del campo allanado y algunos recibieron amenazas del capataz Hollo, quien les dijo que “el que se pase los límites del predio o cruzare campo traviesa podría recibir un tiro”. Algunos trabajadores indicaron que se les asignaron 24 pesos en crédito por día para alimentos y elementos de higiene personal, que serían descontados del pago final. Como no había refrigeración, consumían los alimentos perecederos en mal estado. Dijeron que sus precios duplicaban el valor de mercado y que muchos de los no perecederos poseían la leyenda “prohibida su venta”, porque eran de distribución gratuita en los programas bonaerenses de asistencia social. Si uno quería irse, toda su cuadrilla debía abandonar el lugar, sin cobrar. Hasta el allanamiento no habían percibido remuneración alguna y los pocos pesos que algunos tenían (entre 40 y 100 pesos) los traían desde Santiago. No se encontraron recibos de sueldos. Según Zaida Gatti, están reunidos todos los elementos que tipifican la trata de personas por una organización criminal: la captación en la provincia de origen por parte de cabecillas que tratan de ganar la confianza de familias que viven en una situación de extrema vulnerabilidad, el engaño (porque el consentimiento fue para condiciones que no se conocían), y el traslado al lugar de la explotación posterior, aun con el asentimiento de las personas víctimas de la trata. Su indefensión se agrava porque algunos son analfabetos y otros apenas pasaron por el primer ciclo de instrucción formal. La actitud observada por las especialistas es de sumisión y de resignación, como consecuencia del entorno abusivo al que se encuentran expuestos debido a su falta de autonomía económica. Aunque tenían conciencia del abuso y expresaron su insatisfacción, todos dijeron que no podían retornar a sus hogares sin el dinero prometido. La cartera laboral bonaerense promueve una negociación con la empresa para que les pague. Un abogado de Nidera llamó al teléfono celular de la Coordinadora de la Oficina de Rescate y pidió conocer el lugar donde se encontraban alojados los menores. “Obviamente no fue suministrada la información ni se estableció vínculo con el mismo”, dice el informe de Gatti. Agrega que la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) sólo se presentó después del allanamiento. La práctica sindical en otros casos ha sido convencer a los trabajadores para que cobren y se vayan sin declarar ante la justicia. Durante otro procedimiento realizado por el mismo fiscal en el vecino establecimiento La Luisa, los representantes del sindicato querían que se abriera una mesa de negociación con los trabajadores para que se regularizara su situación y se quedaran trabajando. Tanto el fiscal como los representantes de la Oficina de Rescate rechazaron la idea ya que las condiciones no eran aptas para que continuaran allí.