“Si tuviéramos agua para trabajar las tierras, no iríamos a trabajar a otras provincias”, dijo a este diario el atuniyku ñauque (en quichua: jefe de todas las comunidades) Tito Oscar Zurita, que representa al pueblo diaguita cacano de Santiago del Estero: “Pero no tenemos agua para regar, ni siquiera suficiente para tomar”. La atuniyku (jefa de una comunidad) Ramona Pajón, representante de los diaguitas de Atamisqui, aclaró que “agua hay, pero es para los empresarios”. La anciana doña María, madre de Ramona, recordó que “cultivábamos trigo: entre los vecinos, compartíamos los caballos para la trilla, y había un molino. Pero se dejó de hacer porque no venía más agua”.

Según el sociólogo Reinaldo Ledesma, quien investiga en la zona, “el agua empezó a faltar desde que, en la década de 1950, se construyó el dique sobre el río Hondo. Después se hizo un sistema de canales interiores que beneficia a terratenientes cuyos campos están ubicados estratégicamente”.

Además, “el tema de la tierra está jodido –agregó el atuniyku Zurita– por la llegada de los empresarios cordobeses”. Ledesma señaló que el conflicto se inscribe “en la expansión del cultivo de la soja: en Córdoba, los empresarios reemplazan el ganado vacuno por soja y necesitan tierra para llevar las vacas; entonces, pretenden las tierras ancestrales de las comunidades. Estas, por lo demás, para preservar su propio hábitat, son las únicas que han evitado la deforestación, especialmente en la zona de El Alto, cerca de Villa Atamisqui: esos bosques son el único precario recurso que evita la extensión de las salinas, en un ecosistema que, aun sin la depredación causada por el hombre, es frágil”.

También autoridades municipales de Villa Atamisqui reconocen la falta de agua para riego como uno de los determinantes de la generalización del trabajo rural migrante (ver aparte).