Además de la detención del titular de las 62 Organizaciones Peronistas, Gerónimo Venegas, el juez Norberto Oyarbide ordenó ayer la captura de otros sospechosos y una docena de allanamientos en las ciudades de Venado Tuerto y Necochea (cuna del dirigente de Uatre) y las localidades bonaerenses de Morón y San Martín, según indicaron fuentes judiciales. Aunque las identidades de los imputados no se difundieron oficialmente, se menciona a Alberto Di Leva, quien habría presidido la droguería San Javier, que está en el centro de la investigación por la llamada “mafia de los medicamentos” y que pertenece al empresario Néstor Lorenzo, que lleva un año preso en la misma causa, al igual que el sindicalista bancario Juan José Zanola. El segundo imputado sería un hombre que estuvo vinculado con el PAMI, y ayer a última hora comenzó a tomar fuerza la versión de que se trata del ex gerenciador de esa entidad Miguel Romano, vinculado con otras causas que podrían tener relación con ésta, como la que investiga la exportación ilegal de efedrina y el triple crimen de General Rodríguez. Además, las mismas fuentes aseguraron que más de 80 de las 300 obras sociales que existen están bajo la mira del juez federal Oyarbide. Sólo entre las que ya fueron allanadas por orden del magistrado figuran la de la Unión Obrera Metalúrgica, Oschoca (camioneros), la del Automóvil Club Argentino, la de los estatales de la ciudad de Buenos Aires, el personal de la Industria de la Carne, Aeronavegantes y de las industrias de Plástico, del Calzado y el Vidrio.