La presión ejercida por Estados Unidos no fue dirigida contra una decisión de ningún gobierno, sino contra una causa judicial confirmada en todas las instancias. La investigación por las gravísimas irregularidades y las pistas falsas en el caso AMIA no se inició por voluntad de los gobiernos de Néstor o Cristina Kirchner ni por pedido de la administración anterior de Fernando de la Rúa. Es una causa judicial iniciada en 1997 por los familiares de las víctimas, en especial los agrupados en Memoria Activa, que cobró todavía mayor fuerza a partir del fallo del Tribunal Oral Federal No 3. Tras casi tres años de juicio, el TOF 3 sostuvo que la investigación oficial “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. El observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el chileno Claudio Grossman, dictaminó que el juicio fue limpio e imparcial, con lo que convalidó lo actuado por el TOF. Lo concreto es que fueron imputados en la causa judicial, que instruye el juez federal Ariel Lijo, todos los involucrados en esa investigación del atentado considerada “un armado”.

En el marco de la pesquisa, surgió en 2005 un episodio que confirmaba y agravaba las acusaciones. Trece días después del atentado se investigaba a un sospechoso, pero la pesquisa fue empantanada tras una visita a la Casa Rosada y un diálogo del padre del sospechoso con Munir Menem.

La movida de los delegados en la Argentina del FBI equivale a pedirle a un funcionario judicial –en este caso el fiscal Alberto Nisman– que no investigue un homicidio o un delito determinado. Tal como se señala en uno de los cables dados a conocer por Wikileaks, Nisman les dijo a los representantes de Estados Unidos que era su obligación investigar la maniobra que había frenado la investigación contra Alberto Kanoore Edul.

El TOF 3 dictó un minucioso fallo de 4500 páginas cuando terminó el juicio oral en 2004. Todos los acusados fueron absueltos, aunque luego la Corte Suprema revocó la absolución del armador de autos truchos Carlos Telleldín, el último tenedor de la Trafic que estalló frente a la AMIA. Contra él se ordenó un nuevo juicio. Al ratificar el grueso del fallo, la Corte convalidó, de hecho, la conclusión a la que había llegado el TOF respecto de que la investigación fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos. Uno de los puntos centrales en los que se basa la conclusión del tribunal y luego la Corte es que el Ejecutivo, en tiempos de Menem, y el juez Juan José Galeano le pagaron 400.000 dólares a Telleldín para que acuse a los policías luego imputados por el atentado. En el expediente paralelo, en el que justamente se investigan los desvíos e irregularidades de la causa AMIA, el juez Lijo procesó a todos los implicados, empezando por el juez Galeano, los titulares de la SIDE, los fiscales, el comisario Jorge Palacios, a cargo de la Unidad Antiterrorista, y hasta el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja.

En 2005, establecida la Unidad Especial AMIA a cargo del fiscal Nisman, este revisó la investigación respecto de Alberto Kanoore Edul, la persona que llamó a Telleldín el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado y el día en que Telleldín entregó la Trafic que luego estalló en la mutual judía. Kanoore Edul no había podido explicar esa llamada. Galeano ordenó la intervención de sus teléfonos y el allanamiento de sus domicilios el 1° de agosto de 1994, 13 días después de la masacre. En la revisión hecha en 2005, Nisman encontró que Kanoore utilizaba dos teléfonos que fueron incorporados a la causa mucho después. Por ello ordenó que se averiguara quién había llamado a esos dos teléfonos aquel día de los allanamientos. Nisman se encontró con que hubo sólo dos llamadas, ambas realizadas desde un mismo celular. La fiscalía pidió un informe a Movicom y se estableció que el celular desde el que se llamó a Kanoore era utilizado por el comisario Palacios. La sospecha es que El Fino le avisó a Kanoore, por esos teléfonos no registrados, que lo estaban por allanar.

La visita de Kanoore padre a Munir está probada por lo que surge de las escuchas telefónicas realizadas a sus teléfonos, y la orden de frenar la investigación se basa en numerosos datos, entre ellos el testimonio de Claudio Lifschitz, secretario de Galeano, quien propuso profundizar la pesquisa y al que le dijo otro secretario de Galeano: “No podemos hacer nada. En qué quilombo querés que nos metamos si cuando lo detuvimos a Edul llamó el hermano del Presidente. No es el momento de seguir con eso”.

Los allanamientos realizados por el comisario Palacios a los tres domicilios de Kanoore aparecen en la resolución como una parodia. Existen numerosos testimonios de que los efectivos llegaron a las 8 de la mañana y la orden librada por el juez Galeano indicaba que debía irrumpirse en Constitución 2633, 2695 y 2745. El primero directamente no fue allanado, el segundo se concretó a las 17.30 y el tercero a las 19.20. En las escuchas telefónicas se verifica claramente que los allanados ya sabían que se estaba por hacer el procedimiento. Sólo en uno de los domicilios se llevaron documentación, y la agenda de Kanoore recién se analizó un año más tarde.

A todo este cuadro de sospecha se agregan dos llamadas consideradas por Lijo como virtuales avisos de Palacios a Kanoore. Las comunicaciones se hicieron ese 1 de agosto desde el celular 44115884, que figuraba a nombre de Palacios, a los teléfonos 49410024 y 49429146 de Kanoore Edul. La primera de un minuto y medio, la segunda de 45 segundos. Palacios dijo que él no tenía el celular y no hizo la llamada. Argumentó que a su nombre había una flota de teléfonos. El informe de Movicom lo desmiente y además se demuestra que de ese celular Palacios llamaba a su casa, es decir que era su aparato personal.

Con las escuchas de la SIDE pasaron cosas parecidas o peores. Una parte de los casetes nunca más apareció y la intervención de los teléfonos se suspendió sin orden judicial. La investigación sobre todos estos hechos –entre muchos otros– es la que se pretendía frenar.