La violación del territorio mapuche por parte de la empresa Piedra del Aguila llegó en abril de 2010 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Destacamos la celeridad que acompañó todas las peticiones realizadas por la empresa, en contraposición a las demoras, que llegaron a meses, de los planteos de la comunidad”, denuncia el planteo de la comunidad Wentru Trawel Leufu y precisa la sistemática omisión de la legislación indígena por parte de las juezas (Graciela Blanco, Nancy Vielma y Carina Alvarez).

La presentación explica que durante los tres años de conflicto la empresa alteró la vida comunitaria, instaló puestos policiales dentro de la comunidad, atentó contra ella, ensanchó seis kilómetros de caminos, desmontó vegetación nativa, realizó zanjeos, destruyó viviendas y permitió la matanza de animales de la comunidad, que padeció pérdidas económicas que modificaron su forma de vida.

Piedra del Aguila cuenta con pocos antecedentes de trabajo. En los sitios especializados en la actividad petrolera sólo se señala que la compañía fue fundada en octubre de 2006 (sólo dos meses antes de que el gobierno de Jorge Sobisch le diera la concesión en Picún Leufú), opera sólo en Neuquén y la publicidad corporativa se ufana de poseer “uno de los mejores equipos de trabajo de exploración”. También remarca que se caracteriza “por su eficiencia y agilidad en sus operaciones”. Los teléfonos que figuran en su sitio de Internet están desactualizados. Los números de las oficinas en Buenos Aires y Neuquén ya no corresponden a la compañía. Tampoco responden los correos electrónicos.

“El anterior gobierno (de Jorge Sobisch) y el actual (de Jorge Sapag) están del lado de la empresa, son sus cómplices y trabajan junto a empresas y estancieros”, denunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wentru Trawel Leufu, y afirmó que el “poder político y el Judicial impulsan la mano dura contra el pueblo mapuche”. Desde el gobierno de Neuquén no aceptaron referirse al tema.