Luciano Benjamín Menéndez cosechó por sexta vez la máxima pena al haber sido nuevamente encontrado culpable de delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. Menéndez y Roberto Heriberto Albornoz fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por haber cometido homicidio agravado por alevosía en perjuicio de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Eduardo González Paz y Atilio Brandsen. Así lo resolvieron los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y José Pérez Villalobo, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, quienes decidieron diferir el pronunciamiento sobre la forma de cumplimiento de la pena, por lo que ambos represores seguirán con arresto domiciliario.

En una jornada marcada por la elevada sensación térmica, unas cincuenta personas siguieron atentamente la lectura de la sentencia a los represores en el interior del recinto después de un breve cuarto intermedio. Fuera de la sala, militantes de Hijos y Madres de Plaza de Mayo regional Tucumán se mezclaban con integrantes de la Agrupación de Presos Políticos de la provincia.

Antes, por la mañana, hizo uso de la palabra Menéndez, que por razones de salud goza del beneficio de la prisión domiciliaria en la casa de su hijo, ubicada en el country del Jockey Club, en el selecto barrio Yerba Buena, al pie del cerro San Javier. Mediante el sistema de teleconferencia, el ex comandante del Tercer Cuerpo del Ejército de Córdoba se refirió en su habitual tono monocorde a la audiencia y responsabilizó al ex presidente Néstor Kirchner por su situación procesal, se definió como un preso político y señaló que “la subversión apuntaba al alma de nuestro pueblo”.

Durante cuarenta minutos de exposición, Menéndez respondió por el fusilamiento de cinco militantes de Montoneros, ocurrido en 1976, en la casa de la calle Azcuénaga 1816, en el Barrio Echeverría, en Tucumán. El represor intentó justificar su accionar: “Nuestros enemigos eran los terroristas marxistas y jamás se persiguió a nadie por sus ideas políticas nacionales. El gobierno militar era una cosa y la guerra contrarrevolucionaria otra”, argumentó. El comisario retirado Albornoz, que fue jefe del Servicio de Información Confidencial de la policía tucumana, se encontraba en el edificio y asistió a todas las audiencias, pero decidió no hablar en el último tramo del juicio.

El 20 de mayo de 1976, María Alejandra Niklison mantenía una reunión con otros cuatro militantes de Montoneros. Según consta en el expediente, fuerzas del Ejército y la policía provincial ingresaron a la casa y asesinaron a los ocupantes simulando un enfrentamiento. Fernando Saavedra Lamas había logrado escapar, pero fue acribillado en una iglesia cercana, donde intentó esconderse. Los cuerpos fueron trasladados a la jefatura de la policía de Tucumán y más tarde enterrados en una fosa común en el cementerio de la capital provincial.

El fiscal Leopoldo Peralta Palma y el Ministerio Público pidieron la máxima pena y su cumplimiento en una prisión común. Al finalizar el juicio hubo gritos de los familiares que apoyaban el pedido, sostenido también por la querella. El juez subrogante José María Pérez Villalobo votó en disidencia y pidió que los represores sean juzgados por genocidio y se los destine a una cárcel común. Pero el tribunal decidió diferir el pronunciamiento sobre la forma de cumplimiento de la condena.