El gobierno porteño presentó ayer una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y contra el jefe de la Policía Federal, comisario Enrique Capdevila, por la decisión de ponerle fin al servicio de adicionales en edificios públicos de la ciudad. La presentación, en la que intervendrá el juez federal Norberto Oyarbide, fue impulsada por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quien le reclamó a la presidenta Cristina Kirchner, en declaraciones públicas, que “empiece por mejorar la seguridad, para luego retirar” a la Federal. Llamó la atención, sin embargo, que en la denuncia judicial contra Garré y Capdevila no se dejara sentado ningún argumento. Todo se limitó a llenar un formulario con el nombre del denunciante, el de los denunciados y el presunto delito: “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Fuentes del Palacio de Tribunales consideraron que la acusación es endeble si se toma en cuenta “un cuadro de situación tan grave” como el que vienen planteando distintos funcionarios del gobierno porteño. Una situación como la que han ventilado los funcionarios de la Ciudad debió haber sido “contundente y fundamentada: se dejó sin custodia tal lugar, tal otro, enumerando uno a uno los casos y cada una de las guardias que, supuestamente, quedaron sin cobertura”.

Lo cierto es que en el fuero federal se quedaron asombrados por el carácter burocrático y hasta desganado de la presentación, muy lejana a los discursos públicos. La impresión que quedó en Tribunales es que se buscó sólo una consigna, un título: “Denunciamos penalmente a Garré y a Capdevila”. La impresión, a priori, es que la denuncia, tal como está planteada, carece de argumentos como para avanzar.