EL PAíS • SUBNOTA
El proyecto de reforma de la Ley de Comunas presentado por el Ejecutivo porteño reformula las bases que le dan sentido a la norma. Plantea la derogación de cinco artículos y la reforma de otros trece de los 58 con que cuenta la ley aprobada en 2005. Para el legislador de Proyecto Sur, Rafael Gentili, “el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, no cree en nada de lo que esta ley considera como positivo”. Por su parte, el radical Claudio Augugliaro consideró que pretende “enterrar el proceso de descentralización. Se trata de una iniciativa inconstitucional”. Según su pronóstico, el proyecto no logrará los 40 votos necesarios para ser tratado: “Si lo consigue, recurriremos a la Justicia”. La iniciativa reforma el criterio de competencia patrimonial propia de cada comuna, les exige que eleven sus presupuestos anuales al poder central para “su consideración y análisis”, así como indica que será el Ejecutivo el que fije “el tope de gastos”. Además, elimina el sueldo de los miembros de las juntas comunales, a excepción del presidente, y recorta las funciones de los organismos de gobierno barriales. En ese sentido, deroga los artículos 9, que impide al Ejecutivo “ejercer las funciones derivadas de las competencias exclusivas de las Comunas”; el 13, que permite la intervención en la elaboración y planificación de políticas en las áreas sociales, como salud, educación y medio ambiente; y los 28, 29 y 32, que fijan las atribuciones de los comuneros.
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