La persistente presencia del caso de Candela Rodríguez en los medios y las múltiples hipótesis que se tejieron antes del fatal desenlace favorecieron la construcción de cierta psicosis en torno del rapto infantil. “Puede haber algún caso. Pero no es la forma más frecuente para reclutar chicas para redes de trata”, señaló Nora Schulman, coordinadora del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que preside Estela de Carlotto y que agrupa a una red de ONG que trabajan por la infancia. Schulman dio cuenta de las estadísticas del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde que se creó en 2003 hasta 2010, por ese organismo pasaron 15.697 casos. El 86 por ciento de los casos fue archivado porque el niño o adolescente fue localizado. Siguen abiertas un 14 por ciento de las búsquedas. Schulman explicó que ese organismo tiene la información centralizada sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes extraviados, sustraídos o abandonados en todo el territorio del país. Y pone en marcha los mecanismos del Estado para lograr la aparición de los chicos que faltan de su hogar. Recibe denuncias y brinda asesoramiento a través de la línea gratuita 0800-122-2442.

Aunque la cantidad de chicos y adolescentes que se extravían diariamente en el país es alta, la amplia mayoría aparece a las 24 o 48 horas, tranquilizó el fiscal general adjunto de Avellaneda, Andrés Devoto. En general se trata de adolescentes o jóvenes que se van de su casa por propia decisión por conflictos familiares o con su novio o novia. Como muestra, el fiscal general adjunto de Avellaneda indicó que cada día en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora –que abarca los distritos de Lomas, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza– reciben entre cinco y ocho denuncias de ese tipo. Casi todos los chicos y jóvenes que desaparecen son ubicados antes de los dos días. Pero frente a cada denuncia, en ese distrito judicial se aplica un protocolo que se elaboró después del caso de Marela Martínez, la nena de 9 años secuestrada en 2003 en Avellaneda, cuyo cadáver fue encontrado meses después por el fiscal Devoto en la casa de un sujeto, Héctor “El Nene” Sánchez, quien la había violado y matado en venganza porque el padre de la niña, pirata del asfalto, se había quedado con un vuelto de un atraco.

La Justicia en el ámbito bonaerense, sin embargo, no tiene un protocolo unificado.