“Estamos trabajando en pliegos adecuados a este tipo de emisoras y trabajando con este colectivo que nos importa, nos interesa, reuniéndonos todas las veces que haga falta”, explicó a Página/12 Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos de la Afsca. Con respecto al valor del pliego de licitación, la funcionaria detalló que “todos los que están reclamando se inscribieron como emisoras de baja potencia y ya les explicamos –el martes pasado cuando nos reunimos– que los pliegos de las resoluciones 685 y 686 son para emisoras de alta potencia que transmiten a 70 kilómetros”.

La autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual considera que aún dentro de las entidades sin fines de lucro, los pliegos que se pusieron a la venta tienen “más que ver con organizaciones no gubernamentales grandes o cooperativas”. Peñafort informó que los pliegos en los que están trabajando tendrán un costo de “dos mil quinientos a cinco mil pesos y, obviamente, tendrán menos requisitos para las garantías”. La funcionaria recordó que “ellos mismos se censaron como emisoras de baja potencia”.

Con respecto al tiempo que transcurrió desde la sanción de la ley, Peñafort explicó que “la ley recién está activa desde hace un año: estuvo un año en el freezer de tribunales por sucesivos recursos de amparo en Salta y Mendoza, luego entramos en el período de reglamentación, de ordenamiento del espectro y ahora estamos en la licitación de alta frecuencia para luego empezar con las comunitarias”.

Las condiciones laborales de los trabajadores de las emisoras es otro de los puntos de conflicto. Peñafort dijo que representantes de televisoras comunitarias dicen que se sostienen en base a trabajo voluntario que no tendrían que cumplir con exigencias laborales específicas, “para nosotros, y la ley lo establece, quienes manejan equipos cómo no van a tener ART. Esos requisitos se pusieron para evitar la precarización laboral”.

“No existen los permisos precarios. Estas emisoras, apenas se sancionó la ley, nos preocupamos en saber cuáles estaban trabajando sin autorización. En función de ese relevamiento sacamos dos resoluciones: una para radio y otra para televisión. La inscripción implicaba autorización para funcionar hasta tanto se llamara a un concurso. Hasta que haya concurso, el Estado les garantiza seguir funcionando. No hay riesgo”, señaló Peñafort.