El Gobierno sabe que, si cambia su voto sobre Cuba en las Naciones Unidas, no ha de tener dificultades para sumar consensos en la sociedad y en el sistema político. En verdad lo que hará es ponerse en línea con lo que se venía solicitando desde el Parlamento. Desde hace varios años el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, impulsa esa decisión.
La propuesta es apoyada, con inusual transversalidad, por legisladores del oficialismo y de la oposición. En Diputados, el proyecto cuenta con el respaldo de los diputados Jorge Obeid, José María Díaz Bancalari y Saúl Ubaldini del PJ; del socialista Rubén Giustiniani, del radical Carlos Iparraguirre y de los aristas Irma Parentella y José Vitar.
En sus fundamentos, los diputados afirman que “es fundamental que nuestro país recupere la decisión soberana sobre sus actos de política exterior”. También sostienen que la posición argentina debe estar en la misma línea que la brasileña. Así resaltan que deben preservarse los intereses nacionales “expresando el sentimiento solidario y la tradicional amistad hacia el pueblo cubano, tal y como lo hacen otras naciones a las cuales nos unen vínculos históricos, como es el caso de Brasil, que nunca ha acompañado este ejercicio injusto, selectivo y discriminatorio contra el pueblo de Cuba”. Los diputados dan cuenta del nuevo escenario internacional cuando señalan que “no tiene ningún sentido” ese voto cuando “las grandes potencias mundiales están llevando verdaderos avances genocidas sobre poblaciones civiles en distintas partes del mundo”.
En la Cámara alta, quien propició el voto de abstención fue, aunque usted no lo crea, un histórico impulsor de esa postura, el riojano Eduardo Menem. Su proyecto de comunicación ingresó al Senado el 13 de marzo pasado. En él reclama que el PEN se abstenga de apoyar cualquier decisión condenatoria de Cuba “hasta tanto no se levanten los embargos, bloqueos y sanciones económicas aplicadas a ese país”.