El Mercosur aumentó su protección comercial frente a la competencia de los países de extrazona, ante la amenaza de la crisis internacional. Los presidentes de los cuatro países reunidos en la cumbre del bloque llegaron a un acuerdo ayer para subir en forma transitoria las alícuotas de importación a productos cuyo origen no es Mercosur, por encima del Arancel Externo Común (AEC). Cada país tendrá la facultad de elevar el arancel que actualmente es del 14 por ciento en promedio hasta un 35 por ciento, máximo que permite la Organización Mundial del Comercio, sobre cien posiciones arancelarias. Las subas que cada país proponga deberán ser aprobadas por los demás miembros y regirán por un plazo de un año, que se puede prorrogar por otro más. Habrá monitoreos para evitar desvíos de comercio.

Más allá de que los intereses hacia adentro del bloque comercial no son homogéneos, el criterio que primó entre los mandatarios fue el de fortalecer al Mercosur. Argentina fue uno de los impulsores de la suba de aranceles, posición que dejó plasmada en las reuniones previas entre ministros, donde pidió que los tributos susceptibles de ser modificados se vinculen a 200 posiciones arancelarias, en lugar de las 100 que finalmente fueron aprobadas como, en cambio, querían Brasil, Uruguay y Paraguay.

La reunión de los presidentes fue liderada en este tema por Cristina Fernández, que realizó una extensa disertación donde buscó justificar la necesidad de agilizar la suba de aranceles para enfrentar la crisis global. Acompañaron a la jefa de Estado el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; su par de Industria, Débora Giorgi, y la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri. “La medida busca preservar el mercado regional en un contexto de crisis internacional, con la premisa de proteger ciertos productos de la importación de extrazona y favorecer los flujos de comercio intrazona, con el objetivo de tender a un desarrollo más equilibrado”, dijo Giorgi.

Los gobiernos ahora dispondrán de un mecanismo que permite, de forma expeditiva, proteger a productores que se vean amenazados por la entrada a precios de remate de bienes de extrazona. La crisis internacional redujo la demanda de importaciones de parte de Europa y Estados Unidos, que impactó sobre el dinamismo del comercio mundial. Los sobrestocks generados en las economías centrales y otras como China e India incitan a los exportadores a colocar esa producción a precios anormalmente bajos, que supone trasladar la crisis hacia otros países.

La suba de aranceles también era promovida por Brasil, cuya industria sufre la presión importadora a partir de la apreciación del real, que deteriora su competitividad. En cambio, Uruguay y Paraguay, al no tener un amplio sector industrial para proteger, no reciben beneficios de la posibilidad de incrementar los aranceles y por eso no mostraban la misma predisposición para aplicar la medida. En la cumbre, el presidente del Uruguay, José “Pepe” Mujica, buscó condicionar la suba de aranceles a la liberación de licencias no automáticas de importación para sus exportaciones a intrazona. Sin embargo, esa cláusula no fue aprobada.

“Aceptamos que en un contexto como el actual hay que preservar al Mercosur en conjunto”, indicó Mujica, postura que compartió con Fernando Lugo, presidente de Paraguay. Cristina Fernández pidió que se garantice “que ninguno de los socios pierda mercado y que no haya desvío de comercio”. Como la suba de aranceles se aplica de forma individual por cada miembro, existe el riesgo de triangulación de comercio, ya que un bien podría ingresar por un país que no haya aumentado su protección y luego pasar a otro que sí haya levantado más trabas, eludiendo el arancel externo común. Por eso, el documento final establece que a los seis meses de aplicada la suba de aranceles se evaluará si hubo desvío de comercio.

Cada pedido de suba de arancel deberá ser puesto a consideración de los demás países del bloque, que en un lapso de dos semanas deberán dar el visto bueno o, caso contrario, justificar la objeción. Si no hay respuesta, se considera como aprobada la solicitud de aumento del arancel. La medida tiene una extensión de un año que se puede prorrogar, si los países concuerdan, hasta dos años.