Los familiares de víctimas del franquismo que conforman la querella son por el momento seis, “pero hay un gran número de causas nuevas que se ingresarán en los próximos meses”, cuenta el abogado Máximo Castex. Denuncian el fusilamiento y desaparición de familiares, torturas físicas y otros tratos crueles.

Darío Rivas, de 91 años, vive desde los 9 en Buenos Aires. Su padre, Severino Rivas Barja, fue asesinado por oficiales falangistas “por traición a la patria” en 1936. Su cadáver permaneció desaparecido durante décadas, enterrado en una fosa común, hasta que en 2005 su hijo lo pudo recuperar. Al momento de su muerte era alcalde de Castro de Rey, en la provincia de Lugo. “Era socialista del corazón, le gustaba ayudar a los pobres” y, por eso, los legisladores del municipio que encabezó pusieron su nombre a una calle, contó Rivas a este diario.

La denuncia de Rivas fue la impulsora de toda la causa en abril de 2010. Fue acompañada por la demanda de Inés García Holgado, vecina de la Ciudad de Buenos Aires, que pide justicia por las muertes de un tío y dos tíos abuelos. Su tío es Vicente García Holgado, un argentino que fue de niño a España, estudió medicina en la Universidad de Salamanca, integró las Milicias Castellanas Antifascistas Batallón Los Comuneros y en 1936 fue ascendido a teniente médico. Permanece desaparecido.

Los tíos abuelos de la querellante son Elías y Luis García Holgado. Elías, madrileño nacido en 1881, fue alcalde de Lumbrales, en Salamanca, y diputado provincial entre 1931 y 1936; mientras que Luis fue durante la Segunda República española, en 1934, concejal en el Ayuntamiento de Astorga. Ambos fueron fusilados.

La tercera denunciante es Silvia Carretero Moreno, española de 57 años. “Inicio una querella criminal por los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad en ejercicio del principio de jurisdicción universal, cometidos contra mi persona y mi marido”, dice su presentación judicial. Los dos militaban en un agrupación universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que respondía al frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que buscaba derrocar al régimen de Franco.

En 1975, cuando llevaba dos meses y medio de embarazo, Inés fue detenida, desnudada, interrogada, golpeada y torturada al punto de conservar cicatrices en sus manos. “Nos importa tres cojones si abortas”, le dijeron sus carceleros, que incluso la amenazaron con hacerla copular con un perro, técnica usada por la Gestapo para destruir el útero de la mujer.

Su marido, José Luis Sánchez-Bravo Solla, “fue torturado en las dependencias policiales de la Dirección de Seguridad durante días, aplicándosele corrientes eléctricas en los testículos por lo que estuvo orinando sangre hasta el día de su muerte”, dice la denuncia. Inés agrega en su declaración: “Fue condenado a la pena de muerte y Franco da su ‘enterado’ a pesar de las peticiones de indulto mundiales, tanto sociales como de dirigentes políticos y religiosos”. Lo fusiló un pelotón de cinco policías el 27 de septiembre de 1975.

Por su parte, Adriana Beatriz Fernández Galisteo, argentina del partido de Tigre, encabeza la denuncia por el fusilamiento y desaparición de su abuelo, Antonio Fernández González, jornalero nacido en 1912. Tenía esposa e hijos pequeños, cuando lo fusilaron en 1936. “La versión que circuló fue que lo mataron por haber avisado a un compañero que se escapara porque vendrían a buscarlo”, declaró su nieta. El acta de defunción fija su deceso “a consecuencia de la lucha contra el marxismo”.

La lista la cierran los españoles Críspulo Nieto Cicuéndez, que demanda por su padre y su tío, fusilados en 1940, y Eugenio Emilio Gómez San Juan, que denuncia por su abuelo detenido por insultar a generales falangistas, muerto en prisión por tuberculosis pulmonar en 1938. Pero ya hay nuevos damnificados que están tramitando sus denuncias.

Informe: R. M.