Hace apenas veintiún días, Carlos Soria había alcanzado el objetivo de su carrera política: asumir como gobernador de Río Negro. Logró desplazar al radicalismo de la única provincia que lideraba desde 1983. Un disparos truncó su vida. “El Gringo era un calentón, polémico”, repiten los que lo conocían. “Un peronista. Estuvo con todos, como muchos, laburaba”, dicen quienes lo apreciaban y le disculpaban sus renuncios. Fue menemista, duhaldista y tardío kirchnerista. En mayo pasado confesó que “su afecto” seguía con Duhalde, aunque “el poder ahora era de Cristina Kirchner”.

“La proximidad con Soria marca un serio déficit cualitativo. El candidato, y actual intendente de General Roca, es uno de los personajes más oscuros de la larga década menemista-duhaldista y pesan sobre él cargos éticos y políticos ilevantables”, escribió en este diario Horacio Verbitsky el mismo día de los comicios que le darían el triunfo sobre el radical K César Barbeito por 53,42 puntos a 32,35.

Soria era hijo de un dirigente peronista bonaerense preso en 1955, que al recuperar la libertad se radicó con su familia primero en Bariloche y luego en General Roca, donde abrió un almacén; Carlos Soria completó el secundario en esa ciudad y se recibió de abogado en 1973 en la Universidad de Buenos Aires. En 1987 fue elegido diputado nacional y se transformó en un hombre de confianza del entonces ascendente José Luis Manzano, a quien le facilitó negocios en el Comahue. Renovó sucesivamente su banca hasta 2002.

En el ’94 se identificó al criminal nazi Erich Priebke, radicado en Bariloche. Menem dijo entonces que “por opiniones que recibo pareciera que Erich Priebke es una buena persona”. Por esos años, este diario reprodujo una foto sonriente de Soria compartiendo la mesa en una cena con Priebke, acusado por el asesinato de 335 personas en las Fosas Ardeatinas de Roma. El criminal nazi fue extraditado, juzgado y condenado en Italia. Soria atribuyó la difusión de la imagen a “una operación sucia” de los radicales y dijo que conocía a Priebke porque había ido a su escuela en Bariloche. Después amenazó a los cronistas que le preguntaron sobre el tema.

En 1996 demostró, otra vez con creces, su fidelidad al menemismo. El entonces presidente, desencajado con la investigación que llevaba adelante en España el juez Baltasar Garzón sobre la dictadura argentina, envió a un grupo de diputados para desacreditarlo. Soria viajó a Madrid junto a Humberto Roggero, entre otros, repudiaron la aplicación de la Justicia universal y terminaron provocando un incidente diplomático. El juez los convocó a declarar y huyeron en medio del escándalo. Soria había definido a Garzón como “un chanta al que vamos a reclamarle que respete el derecho a la territorialidad argentina”.

En el ’99 dejó transitoriamente su banca para ocupar el Ministerio de Seguridad bonaerense convocado por Duhalde. Estuvo poco tiempo, pero suficiente para cuestionar la purga policial que había realizado León Arslanian. Al mismo tiempo difundió los archivos de la represión de la Policía Bonaerense que se habían mantenido ocultos durante décadas.

En 2001 integró la Comisión Antilavado con la actual presidenta Cristina Fernández, Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Daniel Scioli, entre otros. Allí tejió una estrecha relación con la ex líder de la Coalición Cívica y con el actual gobernador bonaerense.

Apenas asumió su presidencia interina, Duhalde lo designó al frente de la Secretaría de Inteligencia (SI). Verbitsky recordó que Duhalde “le encomendó que negociara con la Corte Suprema de Justicia para impedir que declarara inconstitucional el corralito. No es un buen negociador: luego de firmar el fallo temido, uno de los supremos lo caracterizó como ‘un muchacho conflictivo y prepotente’. Aplicó la misma técnica, en enero de 2002, para amenazar con el juicio político a un grupo de jueces y camaristas federales de la Capital si no aceptaban su exigencia de encarcelar al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y a los banqueros Eduardo Escasany, José y Carlos Rohm, a quienes Duhalde quería arrojar como lastre para que su gobierno no se hundiera. La ofrenda de esa banda de los cuatro a la vindicta pública fue concebida para apaciguar las protestas callejeras que atronaban bajo la consigna ‘que se vayan todos’. La historia fue publicada en esta página y dio lugar a una causa judicial. (...) La Sala II de la Cámara Federal consideró lo sucedido ‘un verdadero agravio a la independencia que debería regir la conducta de los jueces en su relación con otros poderes del Estado’, pero ante la omisión de los testigos no pudo dar los hechos por probados”.

En pleno proceso de deterioro social, la SI elevaba informes sobre presuntos objetivos golpistas de los distintos grupos piqueteros. Daba cuenta de supuestas vinculaciones con las FARC, la guerrilla colombiana, y alimentaba todas las estigmatizaciones. En ese contexto se produjo la represión en la estación Avellaneda, donde la Policía Bonaerense asesinó a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán. El padre de Santillán denunció a Duhalde, Soria y Felipe Solá, entre los responsables políticos de la masacre.

Poco después, la entonces senadora Kirchner denunció que la Secretaría de Inteligencia había realizado tareas de seguimiento sobre sus actividades y las de Néstor Kirchner. Soria renunció y Duhalde anticipó el llamado a elecciones. En 2003, el ex Número 5 se presentó por primera vez a gobernador de Río Negro y fracasó. Sí consiguió ser electo intendente de General Roca, fue reelecto en 2007, y finalmente accedió a conducir la provincia.