El uso del término “nuclear” en un mensaje público es una de las herramientas más extremas del lenguaje internacional. Londres lo ha hecho y cabe preguntarse por qué.

El envío de un destructor junto con el príncipe Guillermo vistiendo el uniforme de la RAF fue un error. Y, para remediarlo, el gobierno británico cometió otro.

El anuncio del envío de un submarino nuclear (tal vez sin armas nucleares, pero con capacidad de hacerlo) también fue un error. Y que al primer ministro Cameron lo asesoren especialistas en defensa (además, ultraconservadores), en vez de diplomáticos con inclinación natural hacia el lenguaje diplomático tampoco parece adecuado. Todos son indicios de un gobierno un tanto desorientado y crecientemente nervioso.

Los apoyos regionales e internacionales al reclamo argentino –en diciembre China reiteró su apoyo y el Departamento de Estado expresó que se trata de un asunto bilateral y prefiere que el Reino Unido y la Argentina negocien una solución diplomática– pusieron bastante nervioso al gobierno británico.

Pero, en realidad, no es justo cargar las tintas contra Cameron. El desmesurado despliegue de fuerza militar y la amenaza de su empleo han sido una constante en la política exterior británica.

Y respecto de la cuestión nuclear, cabe recordar que en febrero de 1967, al firmar los Protocolos Adicionales al Tratado de Tlatelolco (Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América latina), Londres estableció una reserva: “el gobierno del Reino Unido podría reconsiderar libremente hasta qué grado puede estimársele comprometido por las disposiciones del Protocolo Adicional II”.

Es decir, se reservó la opción de desplegar armas nucleares en alguno de sus territorios coloniales en nuestra región. Si eso no es una amenaza, está bastante cerca de anticiparla. Y, sobre esa base, el Reino Unido ejerce una soberanía de facto, objetada, contraria a normas del derecho internacional, crecientemente acorralada por los respaldos regionales e internacionales a la postura argentina.

Por todo esto, cuando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decide llevar la cuestión al Consejo de Seguridad no se equivoca.

* Especialista en seguridad internacional.