La casa de Triunvirato e Ituzaingó, en San Vicente, que albergó al periodista y escritor Rodolfo Walsh durante los últimos días de su vida y a su compañera Lilia Ferreyra sigue de pie, pese al tiroteo que sufrieron sus paredes durante la última dictadura. En la madrugada del 26 de marzo de 1977, un grupo de tareas también saqueó la vivienda, llevándose, entre otras tantas cosas, escritos inéditos de Walsh. A 35 años de su muerte y de la desaparición de sus restos, un proyecto de ley busca convertir ese edificio en un centro cultural.

“Rescatar esa casa es un deber; convertirla en un símbolo de resistencia y compromiso de lucha es nuestro compromiso por más memoria, verdad y justicia. Entregarla a las futuras generaciones es nuestro aporte a la construcción de bases aún más sólidas para nuestra democracia”, expresó el legislador Eric Calcagno (FpV), autor del proyecto presentado en la Cámara de Diputados.

En diálogo con este diario, el diputado consideró que la transformación de la última casa del militante montonero en centro por la memoria es una manera de contribuir a la difusión masiva de quien fue Walsh, de reconocerlo por lo que hizo y, además, de hacer extensivo ese reconocimiento al resto de los desaparecidos: “Las personas que trascienden a través de sus acciones también son símbolos de muchas otras personas. Me parece importante rescatar el rol del periodismo comprometido, la importancia de situar los acontecimientos históricos en su contexto y ayudar así a una mejor comprensión del presente”, apuntó.

La idea del proyecto, que aún debe tratarse en comisión en la Cámara baja, es declarar de interés público al edificio –quedando así habilitada su expropiación– e inaugurar el Centro Nacional por la Memoria Rodolfo Walsh, decisiones que Calcagno considera “un acto de justicia de por sí”, ya que esa casa “es un emblema de compromiso con la democracia y la libertad, de la resistencia misma”, el lugar donde Walsh gestó su Carta Abierta a la Junta Militar.

De concretarse la iniciativa, el espacio –que funcionaría bajo la órbita y con recursos de la Secretaría de Cultura nacional y de otros organismos que deseasen contribuir a su funcionamiento– sería escenario para “la promoción de los derechos humanos” y la profundización del análisis “de la relación entre esa área y otras, como los diferentes modelos económicos, su repercusión en la estructura social y las consecuencias culturales”.

La iniciativa llegó la semana pasada al Congreso nacional. Sin embargo, es producto de un trabajo que desde hace muchos años se lleva a cabo en “el territorio”, el partido bonaerense de San Vicente. Como remarcó Calcagno, “el proyecto de ley es sólo la concreción de un trabajo colectivo”.