No debe haber más de cuarenta cuadras entre el centro de San Miguel de Tucumán y un terreno cubierto de limoneros conocido como Finca de Vargas. En dicho terreno, sostiene una denuncia presentada por un funcionario del gobierno provincial ante la justicia federal, existe un pozo de amplias dimensiones que fue utilizado por la dictadura militar para arrojar cientos de cadáveres entre 1976 y 1977, los años en que Antonio Bussi gobernó a sangre y fuego la provincia.
Mientras en Tucumán, el director de Transporte local, Enrique Romero, hacía pública su denuncia, en la Cámara de Diputados de la Nación, los legisladores del ARI, Alfredo Bravo y Oscar González, daban cuenta de la misma información a través de una investigación periodística que había llegado a su poder. Según los legisladores, dicha investigación –que todavía no fue dada a conocer– se habrían identificado al menos 100 cadáveres. En conferencia de prensa, Bravo, quien es además integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dijo que “una historia sin verdad y justicia no es historia”.
Pero la denuncia del funcionario tucumano nada dice de las identidades de los seres humanos que fueron arrojados en el pozo de algo más de tres metros de circunferencia y unos 80 de profundidad que en la actualidad está tapado.
En su escrito, Romero sostiene que las excavaciones tendrán que ser realizadas por antropólogos y arqueólogos ya que “es necesario tomar los máximos recaudos, para rescatar los cuerpos de la mejor manera posible y tratar de determinar las identidades”.