- Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados del FpV: “Es una decisión absolutamente acertada. Cuando recién había sucedido la tragedia de Once nosotros valorizamos y dijimos que cuando tuviésemos toda la información en nuestras manos el Gobierno iba a tomar las decisiones que correspondan. Hemos tomado una decisión en el sentido en el que todos los argentinos esperaban, que es que a un concesionario que no ha cumplido adecuadamente con el contrato que lo unía con el Estado nacional se le debe rescindir el contrato”.

- Fernando “Pino” Solanas, diputado de Proyecto Sur: “La Presidenta sigue apresada en el modelo menemista de las concesiones. Es una burla a todos que hayan pasado tres meses para quitarles la concesión de TBA a los Cirigliano, a quienes se viene señalando como la caja negra de la corrupción desde distintos sectores durante años”.

- Martín Sabbatella, diputado por Nuevo Encuentro: “Es la mejor decisión para recuperar el servicio. Lo venimos planteando hace muchos años y, por eso, nos llena de satisfacción que el gobierno nacional haya puesto fin a una gestión desastrosa del servicio de trenes por parte de TBA. La empresa concesionaria abandonó hace mucho tiempo a los usuarios y trabajadores y es responsable del deterioro gravísimo que tienen las líneas Mitre y Sarmiento”.

- Daniel Filmus, senador del FpV: “Es central recuperar el papel del Estado en la conducción y el control de las políticas de transporte público. El objetivo principal es que los transportes estén al servicio de la gente para mejorar su calidad de vida. El decreto firmado por la Presidenta es también una señal para las empresas concesionarias que no cumplen con los contratos preexistentes y que no invierten lo que debieran para garantizar un transporte público seguro y efectivo”.

- Luis D’Elía, dirigente de la Federación Tierra y Vivienda: “Correcta y valiente decisión de la Presidenta respecto de TBA y varios pasos adelante del Estado a la hora de gestionar y controlar los trenes”.

- Manuel Garrido, diputado por la UCR: “Nos parece bien que finalmente se cancele la concesión de TBA y se acabe con el negocio de los Cirigliano, pero lamentamos que se haya bloqueado este debate en la comisión mixta revisora de cuentas del Congreso”.

- Gustavo Ferrari, diputado del peronismo disidente: “Resulta preocupante para la seguridad de los argentinos que el Estado recién ejerza sus responsabilidades para garantizarla luego de más de tres meses de una tragedia que se cobró la vida de 51 personas. La tardía intervención estatal de TBA y la aún más extemporánea rescisión de la concesión nada nuevo suman a la enorme cantidad de facultades y deberes que el Estado ya tenía antes de la tragedia y que no ejerció”.

- Roy Cortina, diputado del Partido Socialista: “Sacarle la concesión al grupo Cirigliano para dársela al grupo Roggio, que hace pocos días fue denunciado por el propio (Julio) De Vido por girar regalías al exterior a costa del mantenimiento de las líneas de subte a su cargo, no hace más que sembrar un nuevo manto de dudas sobre la seguridad de los cientos de miles de pasajeros que día a día viajan en el Sarmiento y el Mitre”.

- Claudio Lozano, diputado del FAP: “Consideramos acertada la medida del Gobierno de rescindir el contrato de la operadora TBA-Grupo Cirigliano, pero lamentamos que una vez más el Ejecutivo otorgue la operación de un servicio de transporte, sin trámite de licitación y a empresas como el Grupo Roggio que han demostrado incapacidad flagrante. Es necesario romper con la matriz privatista que vincula a empresarios inescrupulosos, funcionarios corruptos y dirigentes sindicales cómplices”.

- Leonardo Grosso, diputado del FpV: “Estamos muy felices de esta decisión porque acaba con la desidia con que operó la compañía desde 1995, cuando el gobierno neoliberal de Carlos Menem le entregó la concesión. Seguimos recuperando soberanía en un país que necesita continuar reparando la devastación neoliberal que todavía golpea a los sectores más vulnerables”.

- Victoria Donda, diputada del FAP: “Por fin se quitó esta bochornosa concesión, ya que era insostenible en todos los aspectos, tanto desde la perspectiva de la gestión del servicio como desde la cuestión legal. Igualmente es increíble que se insista con que sea la Ugofe, conformada por los demás concesionarios más el Estado, la que se haga cargo del servicio. Atención, el Roca no es para nada un modelo a seguir”.

- Jorge Rivas, diputado socialista en el FpV: “En la Argentina hay ahora un Estado que no se hace el distraído ante la gestión de los servicios y los recursos públicos por parte de empresas privadas que se beneficiaron con el remate nacional de los ’90, lo que ha vuelto a quedar claro con la rescisión de la concesión de dos líneas ferroviarias a TBA. Mal que les pese a muchos, se está terminando el festival de las concesiones prácticamente sin contraprestación responsable, a cargo de capitalistas sin escrúpulos, que sólo cuidan el aumento de sus utilidades e ignoran por completo los intereses populares”.