El juez Claudio Bonadío definió por primera vez los delitos que les imputa a los directivos de Trenes de Buenos Aires: estrago, asociación ilícita y administración fraudulenta. El estrago consiste en provocar un daño de grandes proporciones, con penas de ocho a veinte años de prisión. El magistrado dio a conocer ayer el escrito con el que ordenó las detenciones el lunes de Claudio Cirigliano, Carlo Michele Ferrari, Sergio Daniel Tempone y Daniel Rubio y en el texto hizo la primera definición de los delitos. Sobre esa base, consideró que los cuatro ejecutivos obstruyeron la Justicia al mudar la documentación contable de la empresa sin autorización del juez. Como fundamento, Bonadío detalla las veces que la actuaria del tribunal habló por teléfono con los representantes legales y contables de TBA para preguntar dónde estaba la documentación y recibió respuestas dilatorias durante 48 horas. Eso disparó las órdenes de detención. Ayer declararon tres de los ejecutivos detenidos y hoy lo hará Claudio Cirigliano, el dueño de TBA. De inmediato, los abogados presentarán un pedido de excarcelación, pero lo más probable es que Bonadío lo rechace. Todo indica que terminará resolviendo la Cámara Federal.

Las imputaciones que formuló el juez fueron las siguientes:

- Estrago, que es producir un daño de proporciones. No aclaró si el estrago que imputa es culposo –por negligencia–, que tiene una pena más baja, o doloso, por dolo eventual, que remite a las penas más altas.

- Asociación ilícita. El juez considera que hubo un grupo de personas que “realizó una utilización impropia del material rodante, la infraestructura, el personal y los aportes del Estado Nacional para prestar un servicio que no fue ni seguro ni eficiente”.

- Administración fraudulenta. Referida seguramente a un manejo irregular de los subsidios del Estado.

Dado que los integrantes de TBA cargan con estas imputaciones, el juez evaluó que los cuatro detenidos incurrieron en un ocultamiento de la documentación al sacarla de las oficinas de Retiro y tardar 48 horas en develar dónde se encontraba. El magistrado señala que se empezó a preguntar dónde estaban los papeles el lunes 28 y que recién el miércoles 30 de mayo a la tarde la empresa informó que estaban siendo llevados a un depósito de la calle Zelarrayán 5121, que –según Bonadío– era un garaje al que tenían acceso terceras personas sin control. El argumento del magistrado es que estando en libertad, los ejecutivos van a seguir obstaculizando la investigación. En eso fundamentó las detenciones.

El apoderado de TBA, Carlos Alberto Lluch, presentó ayer un escrito ante el juez señalándole que una vez que el Gobierno le quitó la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre, la empresa tuvo que desalojar el edificio de Retiro para entregárselo a la Unidad de Gestión Operativa (UGO), integrada por Metrovías y Ferrovías. Como TBA continúa como empresa, no podía dejar la documentación en manos de la UGO y la llevó al ex Casino de Oficiales de la ex Fábrica Militar de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. “No existía ninguna norma legal ni orden judicial que hubiera impuesto la obligación de dejar la documentación en un lugar que ya no era controlado por TBA”, argumentó Lluch. También sostuvo que la empresa viene colaborando con la auditoría contable y que ya están terminados once de los diecisiete puntos de pericia.

Ayer declararon tres de los ejecutivos de TBA. Rubio y Tempone sostuvieron que en ningún momento tuvieron relación con la documentación, que ellos se ocuparon de hacer el traspaso operativo de las líneas Sarmiento y Mitre a la UGO. Ferrari reiteró los dichos del apoderado: que no hubo intención de ocultar. Hoy va a declarar Cirigliano y a continuación los abogados pedirán la excarcelación de los cuatro. Parece poco probable que Bonadío acepte dejar en libertad a quienes detuvo 48 horas antes. El pedido de excarcelación llegará entonces a la Sala II de la Cámara Federal, que tendrá que resolver sobre la situación de los cuatro ejecutivos.