En las últimas semanas, la presidente ha sincerado algunas líneas de política económica, que se aplicaban sin mayor explicación. Lo hizo para fundamentar los obstáculos impuestos a la adquisición de dólares, que incomoda a un pequeño segmento de las clases medias y altas, convencidos de que existe un derecho individual a la compra de divisas, sin preguntarse por su origen ni aplicación y contra el que protestan golpeando sus cacerolas bien surtidas.

Las presiones de los sectores exportadores, tanto agropecuarios como industriales, por una devaluación, y de los financieros a favor de reanudar el ciclo del endeudamiento, son clásicos de la política aborigen. La negativa del gobierno, que rechaza ambas propuestas en defensa del valor del salario, es más novedosa. En cualquier caso, las ganancias extraordinarias para un pequeño grupo se pagarían con una nueva hecatombe para las mayorías, como ocurrió con fatídica regularidad, no menos de una vez por década, desde el Rodrigazo de 1975 hasta la devaluación de 2002. Una de las razones expuestas para la expropiación de YPF fue la deliberada merma de la producción, sustituida con ventas de la propia Repsol desde otros países a precios más altos, lo cual convirtió en deficitaria la balanza comercial energética. La presidente también aludió a la necesidad de sustituir importaciones e instó a las empresas extranjeras a reinvertir sus utilidades en el país. Aunque los de-sembolsos por la deuda pública representan un porcentaje decreciente del PIB, este es el último año en que aún son importantes en términos absolutos. A medida que el peso de esos pagos pierde significación, la ganan las importaciones de combustibles y la remisión de utilidades a sus casas centrales por parte de las empresas transnacionales. En medio de una fuerte crisis global, la Argentina intenta no volver a endeudarse ni resignarse a las condiciones de política económica que siempre acompañan esos paquetes. Para ello, debe cuidar cada centavo verde. El problema es que los decisivos cambios económico-sociales de la última década no alteraron la estructura jurídica del neoliberalismo. Esto dificulta la adopción de las medidas de fondo aconsejables para impedir la regresión por la que pugnan quienes no toleran el proceso de cambio que se inició en 2003 y que, según la declaración de Héctor Magnetto a The Financial Times, en setiembre de 2010 estaba “entrando en una fase confiscatoria”. El libro póstumo del economista Daniel Azpiazu Concentración y extranjerización. La Argentina en la posconvertibilidad describe los efectos de esos dos procesos convergentes sobre la economía y la sociedad. El trabajo, escrito en colaboración con los sociólogos Martín Schorr y Pablo Manzanelli, señala que la enorme concentración producida a partir del menemismo determinó que en 2009 las 200 firmas de mayor facturación (salvo agropecuarias y financieras) hayan tenido un saldo comercial favorable de 27 mil millones de dólares, mientras que el resto de la economía arrojó un déficit de 10 mil millones. “A raíz de ello, este conjunto reducido de grandes agentes económicos, además de pasar a detentar porciones crecientes del ingreso nacional, afianzó aún más su control sobre un bien clave y, en muchos sentidos crítico, para una economía de las características estructurales de la Argentina (las divisas). Esto reforzó la ya de por sí considerable capacidad de veto de estas fracciones del capital concentrado interno sobre el funcionamiento del aparato estatal y, más precisamente, sobre la formulación de las políticas públicas”. Entre 1993 y 2001 se duplicó el porcentaje de corporaciones extranjeras entre las 200 de mayor facturación, que en 2009 ya eran casi el 60 por ciento (117 empresas) y cuya participación en las exportaciones totales del país oscila entre el 40 y el 50 por ciento. Con el desarrollismo a mediados del siglo XX, la inversión extranjera directa incrementó el stock de capital existente, al establecer nuevas plantas, sustituir importaciones y transferir tecnología que no estaba al alcance del país. En cambio, a partir de la última década del siglo, esa inversión se dirigió sobre todo a la adquisición de paquetes accionarios de empresas preexistentes. Esa transferencia de activos había sido prohibida en forma expresa por Perón en 1973, pero la permitió la ley de inversiones extranjeras decretada en 1976 por Videla y Martínez de Hoz. Así pudieron acceder al crédito interno, los avales oficiales y los regímenes de promoción. Menem y Cavallo la perfeccionaron en 1993 con un decreto reglamentario que permitió la inversión extranjera sin autorización previa en defensa y seguridad, servicios públicos, sanitarios, postales, de electricidad, agua, gas, transporte, telecomunicaciones, radios, televisión, prensa gráfica, energía, educación, bancos, seguros y finanzas. También eliminaron el Registro de Inversiones Extranjeras, el impuesto a los beneficios extraordinarios y suprimieron cualquier condicionamiento a la transferencia al exterior de utilidades y hasta para repatriar la inversión original. Incluso pasaron a considerar a las filiales como empresas independientes de sus casas matrices, legalizando así prácticas tramposas como los autopréstamos, la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones y el comercio cautivo. Para colmo los tratados bilaterales de inversiones las sustrajeron de la jurisdicción local y sometieron al país a un órgano del Banco Mundial, los pseudotribunales del CIADI, como juez inapelable de cualquier controversia. Las conclusiones de Azpiazu et al son contundentes: las empresas extranjeras son más importadoras que las nacionales; se apropiaron de una proporción superior del excedente generado por los trabajadores, con una baja reinversión de utilidades; registraron las tasas más altas de beneficios; fueron menos generadoras de empleo por unidad producida y practicaron una distribución funcional del ingreso regresiva; desintegraron la industria en el espacio nacional, porque la integraron entre sus filiales en distintos países, y sólo invirtieron en investigación y desarrollo en sus casas matrices, con lo cual no generaron entramados locales virtuosos. No fueron agentes difusores de la inversión ni del cambio y/o la innovación tecnológica y, “al ser fuertes importadoras de bienes de capital, han contribuido a profundizar el deterioro de la industria local de maquinaria y equipo y al desequilibrio comercial en la materia”. En su segundo mandato, CFK ha adoptado una serie de medidas para modificar esta situación, como la elevación de los aranceles para la importación de bienes de capital, y la expropiación de YPF como insignia. Pero la eliminación de los privilegios concedidos a los inversores extranjeros asoma en el horizonte como un paso inevitable, para seguir haciendo de la necesidad virtud.