“Desde el gobierno nacional vamos a realizar un control muy fuerte de las empresas Ferrovías y Metrovías que están a cargo de la operación de los ramales Sarmiento y Mitre”, aseguró el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. La semana pasada se firmó el nuevo contrato de la Unidad de Gestión Operativa (UGO) que gerenciará por “cuenta y orden del Estado” los ramales otrora concesionados a Trenes de Buenos Aires (TBA). El esquema planteado por la UGO ofrece al sector público la posibilidad de realizar mayores controles sobre los operadores. Según precisaron ayer Randazzo y el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, en el acuerdo negociado con las firmas Ferrovías y Metrovías, pertenecientes a los grupos Emepa y Roggio, se estableció la posibilidad de rescindir el contrato con un anticipo de 90 días cuando el Estado considere necesario.

A diferencia del perverso sistema de sanciones emplazado para las concesiones de los años noventa y la ausencia de un régimen de penalidades que tuvo la Ugofe –la unidad creada en 2005 para hacerse cargo de los ramales operados por Sergio Taselli del grupo Metropolitano–, las multas que reciban los operadores del Sarmiento y Mitre serán descontadas directamente de su canon mensual. Esa cifra representa el 5 por ciento de los gastos mensuales de explotación, un punto menos que el 6 por ciento que cobra la Ugofe por los ramales San Martín, General Roca y Belgrano Sur. Se trata de una cifra mensual de entre 350 y 400 mil pesos.

Randazzo enfatizó ayer que los gastos de las empresas operadoras deberán ser rendidos en forma transparente mensualmente. El ramal Sarmiento posee 2345 trabajadores y el Estado aporta alrededor de 36 millones de pesos mensuales para pagar salarios. Para los gastos operativos del ferrocarril –energía eléctrica, mantenimiento, seguridad, etc.–, el desembolso de Interior y Transporte llega a 17 millones de pesos mensuales.