El gobierno de la provincia de Córdoba avanza con la aplicación de la ley que ordenó el cierre de prostíbulos. Desde la sanción de la normativa que prohibió el funcionamiento de locales donde se comercia sexo, hace dos meses, se cerraron más de 150, entre pubs, whiskerías y cabarets, y fueron detenidas 42 personas que los regenteaban. Hasta ahora Córdoba es la primera provincia que cuenta con una legislación de ese tipo. Pero Río Negro le está siguiendo los pasos: hace dos semanas, su Legislatura dio media sanción a un proyecto similar y está previsto que pase la segunda vuelta y se convierta en ley el 1° de agosto.

De todas formas, los burdeles están prohibidos en el territorio argentino aunque autoridades gubernamentales y fuerzas de seguridad suelen hacer la vista gorda –corrupción mediante, según se desprende de diversas investigaciones judiciales– para que esos sitios permanezcan abiertos y sean destino para la explotación sexual de mujeres captadas mediante engaño por redes de trata. Desde la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Persona (Ufase) advierten en la denuncia que hizo su titular, Marcelo Colombo, y el secretario, Marcelo Raffaini, ante el Juzgado Federal N° 1 de la Capital Federal, sobre el vínculo entre los prostíbulos y la trata. Once de las primeras doce sentencias condenatorias dictadas contra tratantes con finalidad de explotación sexual “tuvieron su escenario de ocurrencia en prostíbulos”, indicó la fiscalía especializada que depende de la Procuración General de la Nación. “Iguales porcentajes representativos del riesgo que implica la existencia de prostíbulos para el delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual puede extraerse de los procesamientos dictados por ese delito en todo el país”, señaló la Ufase. Esta situación está quedando en evidencia en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón en el que hay trece imputados, entre ellos Liliana Medina y sus dos hijos, acusados de liderar una red de prostíbulos y trata en La Rioja. Sin embargo, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) se han manifestado en contra del cierre de prostíbulos: argumentan que las empujan a trabajar en departamentos privados o en la calle, donde se sienten más inseguras, y que en los operativos de clausura reciben malos tratos de la policía.

La ley cordobesa establece la prohibición de los locales donde hay explotación sexual y la clausura de los que están abiertos. Para los responsables de los establecimientos prevé la aplicación de una sanción de 60 días de arresto no redimible por multa: se la considera una falta, más allá de que se abran en forma paralela investigaciones judiciales por el delito de trata o proxenetismo. El proyecto que obtuvo media sanción en Río Negro fue impulsado por diputadas Susana Diéguez y Arabela Carreras, del Frente para la Victoria, y aprobado por unanimidad, con la presencia en el recinto del jefe de la Policía provincial, Ariel Gallinger. Es parecido a la iniciativa cordobesa. En la sesión del 13 de julio, Diéguez fundamentó la propuesta y explicó que se está “dando el inicio de una discusión profunda y el puntapié para un cambio cultural”. Y agregó “que hagamos visible esta problemática de explotación sexual y de las complicidades políticas y policiales ayuda a las víctimas”.

La norma prevé que si se realizan procedimientos en los que se detecten personas ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria, se resguardarán de manera integral sus derechos. Pero cuando no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas, y se les deberá brindar protección y contención, así como a su familia, mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas.