El domingo pasado, en una nota titulada “Con vos y voto”, este cronista discurrió sobre el proyecto de conceder derecho a votar a argentinos mayores de 16 años. Entre otras disquisiciones, adujo que le parecía exorbitante pensar que la movida podía variar sustancialmente el resultado de próximos comicios, con exclusivas miras a la re-reelección presidencial. Ponderó dislocado que un conjunto de ciudadanos reducido pudiera impactar sustancialmente en el veredicto colectivo. Consciente de sus limitaciones, clamó: “Un actuario ahí: ¿qué porcentaje de pibes debería apoyar al kirchnerismo para torcer el amperímetro?”.

La hipótesis se basaba en una cuenta de profano. Si solo participa una fracción de los nuevos votantes (como ocurre con la generalidad del padrón) y sus preferencias se dividen (la unanimidad no existe en grandes números) suena peliagudo que se altere mucho la ecuación previa. Si los pibes que irrumpen son algo así como el 5 por ciento del padrón, supongamos que la mitad va al cuarto oscuro: son el 2,5 por ciento. Si, por pensar una enormidad, el 70 por ciento apoyara al oficialismo expresaría al 1,75 del conjunto.

Desconfiado de su simplismo, el cronista optó por acudir a personas de más saber. Recurrió a la siempre hospitalaria ayuda de Adrián Paenza, a quien pidió que le recomendara un(a) colega que pudiera afinar la mirada. Paenza lo conectó con Alicia Dickenstein –doctora en matemática y profesora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA–, quien se mostró cooperativa e interesada por demás. Dejó en claro reglas y condiciones. La primera es que lo suyo no era pronunciarse como ciudadana sobre la pertinencia o validez de la medida, sino solo hacer un estudio sobre lo pedido. La segunda fue explicarle al cronista que su propuesta de cálculo era incorrecta, hasta en términos políticos. Dado que en 2013 se eligen diputados y senadores, la proyección del eventual efecto del “voto 16” debe hacerse en ese escenario.

Es intrincada esa simulación, porque hay 24 distritos y porque los diputados se eligen por el trabado (sí que amigable con las minorías) sistema proporcional D’Hont. Dickenstein se enfrascó entonces en un solo distrito, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y produjo una cantidad de proyecciones que regocijan y abruman un poquito al cronista. Una vez corroboradas, las simplificó en un planteo didáctico, que ilustró con numerosos archivos con cálculo que se ofrece compartir con lectores interesados por estos tópicos.

Desde luego, todo porvenir incluye avatares impredecibles. Dickenstein achicó la dificultad proponiendo un esquema sencillo. Tomó los votos a diputados de 2011 y supuso que todos los participantes (y solo ellos) repetirían su participación y su preferencia en 2013. Y calculó qué pasaría si se añadieran nuevos votantes (los supra 16) y el ciento por ciento eligiera la boleta del Frente para la Victoria (FPV). En tal caso, explicó la matemática al escriba lego, haría falta un mínimo de 103.673 votos para que el kirchnerismo obtuviera una banca más que en 2011. En sus propias palabras: “Si solo se incrementa el número de votantes del FpV en cualquier número menor que 103.6573, nada cambiaría. Si los demás partidos también recibieran votos jóvenes (y no cero, como en mi tabla), el FpV necesitaría aún más votos para lograr ganar un diputado más. (...) Estas tablas son parciales porque sólo involucré a la Ciudad de Buenos Aires y porque sólo tomé los datos del 2011 (y no los del 2009, por ejemplo). Pero este pequeño ejercicio confirma tu percepción de que haría falta un gran incremento para ‘mover el amperímetro’”. Los largos 103.000 chicos, nos cuenta nuestra profesora particular, conforman “un porcentaje algo menor al 4,13 por ciento del padrón en capital, que es de 2.511.197 personas”. Muchos más, vale añadir, que los que podría fantasearse que intervinieran el año próximo, si se sanciona la ley.

La buena onda de Dickenstein y su aporte a un debate que suele carecer de rigor no convalidan al proyecto, más vale... pero debilitan una chicana opositora de magro volumen.

La precisión numérica no pretende tampoco que el oficialismo sea filantrópico o cándido ni que sus acciones carezcan de “objetivos políticos”. Eso sí, esos objetivos pueden ser otros que la re-re. Puede contar con ganarse el favor de los pibes, motivar la participación temprana, incentivar la politización. Esos recursos, en manos de jóvenes y merced a un derecho universal, distan mucho de garantizar seguidismo y obediencia debida.

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El oficialismo es usualmente angurriento para reconocer los aportes pioneros de otras fuerzas en acciones que de pronto promueve. Este caso no fue la excepción. Eso coloca en una disyuntiva a los legisladores de la oposición que fueron pioneros: ¿privilegiar lo central o pasarse a la vereda de enfrente... confrontando sus propias propuestas de ayer? Muchos se inclinan por la solución más berreta o lineal. El diputado Claudio Lozano (Unión Popular) prefirió, esta vez, el mejor rumbo. Acompañar en lo sustancial y exigir una legislación más amplia que abarque toda la problemática y necesidades de los pibes de 16 años. Trató de diferenciarse, así, de tirios y troyanos: “No compartimos la mirada estrecha y conservadora de aquellos que piensan a los jóvenes como una suerte de cabeza vacía y fácilmente manipulable. Razón por la cual no nos preocupa demasiado que existan afiebradas mentes oficiales que creen que habilitando el voto podrán condicionar su decisión. Tampoco nos parece razonable dejarse llevar por la mirada mezquina de aquellos que desde la oposición discrepan en tanto creen que no están en capacidad de convocar a los jóvenes. (...) El protagonismo juvenil le abre la puerta a la renovación política y es un canal razonable para potenciar el involucramiento creciente de los jóvenes en la política argentina”. Lozano fecha la irrupción juvenil a partir de 2001 y no de los años más recientes, como propende la narrativa oficial.

Esa mirada enriquece y mejora el debate. También suma el juez Supremo Eugenio Raúl Zaffaroni cuando mociona armonizar las disposiciones legales sobre los menores. Algo que sintoniza con el reclamo de Lozano de abordar “la restitución general de derechos a los pibes”.

La polémica sigue, en buena hora. Como insumo adicional, valdría la pena consignar que desde la implantación de la Ley Sáenz Peña hasta hace muy poco tiempo, la aptitud electoral se fechó a los 18 años. Y la mayoría de edad a los 21 años. O sea, durante casi un siglo se votó antes de tener plenitud de derechos civiles: desde la presidencia de Hipólito Yrigoyen hasta fines de 2009, durante la primera de Cristina Fernández de Kirchner. Recién entonces, se redujo el momento de la mayoría de edad.

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Entre tanto, en muchas escuelas secundarias se promueven jornadas de discusión entre alumnos sobre el punto. No las motorizan todos los chicos, ni participarán todos. Eso jamás ocurre, ni entre menores ni entre adultos. Pero brota una saludable dinamización, catalizada por una norma generada desde el Gobierno, que tiene precedentes en reclamos opositores.

Las jornadas superpondrán fechas con la conmemoración de la Noche de los Lápices y llevarán a los chicos a interesarse por un futuro democrático y más abierto sin olvidar un pasado de oprobio.

En el mismo país, hay quien quiere sancionar a un adolescente cordobés porque escribió que una exhibición sobre Evita le dio “asco”. O quienes castigan a un profesor que trató de impartir educación sexual en un secundario de Formosa. O autoridades que urden un 0800 Buchón para precaverse de “la política en las escuelas”.

Son mundos o, mejor dicho, tendencias que coexisten y pugnan. En este rincón, la proclividad a la sanción como respuesta a los dilemas, los de-safíos, aun los errores o impropiedades de educadores y alumnos. En este otro, la perspectiva de ampliar derechos, de motivar a la participación o tan siquiera a discutir sobre temas ciudadanos. Hay una pulseada ahí, parte de la siempre vital, turbulenta, deseable controversia sobre un modelo de sociedad.