El diputado Julián Domínguez fue reelegido presidente de la Cámara, lo que es lógica derivación de la preeminencia del Frente para la Victoria (FpV). Tampoco fue sorpresa que las dispersas tribus del “peronismo federal” se aglutinaran al solo efecto de disputarle una vicepresidencia al Frente Amplio Progresista (FAP) tratando de rasguñar lo que le negaron las urnas merced a una rosca de pasillo. Lo llamativo fueron varios discursos de legisladores de la oposición elogiando la “vocación de diálogo” de Domínguez, entre otras virtudes. La más pintoresca –mencionada entre otros por el diputado Fernando Solanas– fue que, desde que Domínguez conduce la Cámara, se reparten “sanguchitos” y medialunas entre todos los legisladores. Antes, sólo les tocaban a los oficialistas. El gesto, claro, se toma como reflejo de algo más vasto e interesante: una capacidad de contactarse con el adversario no siempre visible en el oficialismo.

Podrá argüirse que la cooperación es factible en cuerpos colegiados de representantes del pueblo, que cumplen la misma función con banderías diversas. Pero cabe agregar que Domínguez supo manejarse también en la tensa relación con las corporaciones “del campo” cuando fue ministro de Agricultura y Ganadería.

Es sensato puntualizar que no sólo de sanguchitos viven los seres humanos. Domínguez participó de un aumento de dietas para los diputados y, cuentan en los pasillos, suele estar atento a sus demandas cotidianas. A los empresarios ruralistas también se les prodigaron beneficios. Es muy elegante vituperar la “caja” (hasta queda bien apodarla “Kaja”) pero ningún grupo de interés renuncia a reclamar beneficios y efectividades conducentes del Estado.

Domínguez no es un kirchnerista paladar negro. Peronista del interior bonaerense, es, más bien, un conservador popular con agenda actualizada. Y, claro, fue designado en esos cargos por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo interesante es que su “modus operandi” funcional al Gobierno no siempre es ejercitado desde el oficialismo. A quien también lo mejora la intensa exposición pública de Martín Sabbatella que se menciona en la nota principal. O de la banquera central Mercedes Marcó del Pont. Son dos ejemplos, ni únicos ni muy frecuentes, de funcionarios de convicciones firmes (y, acaso, “más K” que Domínguez) que saben manejar recursos persuasivos sin bajar las banderas.

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A veces la épica o la voluntad de hacerse cargo de conflictos inherentes a la lucha política se confunde con carecer de aptitudes para la negociación, la articulación, los canjes lícitos. O de ciertas destrezas más sutiles, como trabajar a los adversarios por líneas internas. En ciertos bastiones oficialistas se lee eso como fuerza, cuando puede ser una debilidad o una falta de ductilidad, cuanto menos.

Cuando se produjo el conflicto de las retenciones móviles, las tácticas oficiales emblocaron al conjunto de sus antagonistas, lo que ayudó a que se perdiera una valiosa iniciativa. Algunas remembranzas de ese traspié asomaron durante todo este año. Sin ir más lejos: este cronista piensa que el Gobierno tiene razón en sus cuestionamientos a muchos integrantes del Poder Judicial. Y que hizo bien en recusar al juez Francisco de las Carreras. Quien recibió agasajos y beneficios de una ONG que es un tentáculo del Grupo Clarín está inhabilitado para decidir respecto de sus intereses. Es más, De las Carreras debió excusarse por delicadeza. La sospecha es factible, en la más tibia de las interpretaciones.

En cambio, fue excesiva la segunda recusación genérica a camaristas deducida por los abogados de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), cuando se acaba de rechazar una anterior. El planteo iba al muere desde el vamos y sólo podía acicatear los reflejos corporativos de otros magistrados. Un colectivo no es jamás homogéneo o, por lo menos, la acción política sagaz debe procurar que no lo sea.

El discurso extremo, que identifica a grupos críticos con su peor sector, puede valer para la tribuna propia, pero produce contraindicaciones severas. Meter a todos los asistentes a las manifestaciones del 8 de noviembre en la misma bolsa que Cecilia Pando es un error de análisis, amén de una táctica boomerang. Pocos días atrás comenzó el megajuicio que investiga crímenes en la ESMA. Pando convocó a sus acólitos, que no fueron ni centenares de miles, ni decenas, ni miles. El error de diagnóstico aleja o enfada a los no encuadrados o dubitativos y, a menudo, a quienes “balconean” desde afuera.

La sociedad no está dividida en dos fracciones rígidas y expresivas del total de la ciudadanía. He ahí un punto crucial desmerecido a menudo por funcionarios o voceros del oficialismo. La oposición incurre en el mismo error, por cierto, pero su cosecha es muy pobre y no debería servir de espejo.

No todos los que pararon el 20 de noviembre “son” Hugo Moyano o Luis Barrionuevo o Gerónimo Venegas. No todos sus reclamos son absurdos, no todos son irrecuperables políticamente. Tratarlos de ese modo, así fuera en el discurso, resta en vez de sumar.

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El kirchnerismo, opina este escriba, cuenta con el apoyo firme y fiel (y bastante movilizado o movilizable) de una sólida primera minoría. Por decir algo aproximativo, puede ponderarse en un 30 o 35 por ciento del electorado. La oposición irreductible seguramente suma menos, un 20 o 25 por ciento. Las diferencias en rectángulo de juego son más grandes que el “gap”. El oficialismo tiene unidad y liderazgo claro mientras sus adversarios siempre están divididos y huérfanos de referentes aceptados por el conjunto.

Los vaivenes electorales desde 2005 en adelante sugieren que el oficialismo supo agregar adhesiones en varias instancias y quedó solito con lo propio en 2009. Fue su único traspié en las urnas desde que gobierna y aconteció en plena crisis económica mundial.

El año 2012 ha sido difícil para el oficialismo, aunque comparado con el 2008 es un paseo. La desaceleración de la economía resiente a cualquier gobierno, ni qué hablar a uno decidido al reparto y a la inversión social abundante. La suerte del kirchnerismo en la elección de medio turno estará ligada, en parte nada irrisoria, al crecimiento que se espera para el año próximo. Pero el potencial oficialista no se nutre sólo en lo económico. También creció con la ampliación de derechos, la promoción social. Y con la capacidad de interpelar a sectores desmovilizados o de otras estirpes políticas, que se debilita cuando sólo se habla para los ya convencidos.

Seguramente, cuando llegue el repaso infaltable en las fiestas de fin de año, el oficialismo deberá repasar cómo se ha manejado para sustentar sus perspectivas de “profundizar el modelo”. Y quizá sea el momento de analizar si es necesario renovar elencos, manejar más recursos políticos. Las convicciones son imprescindibles, el conflicto inevitable o hasta deseable. “Hacer política” en un abanico muy amplio no conspira contra los mejores fines, supone este cronista. Más bien al contrario.

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La demanda del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, contra los periodistas Matías Longoni y Luis Majul es algo peor que un error de manejo. Es una conducta intolerable e incongruente en un gobierno que despenalizó las calumnias e injurias.

Reclamar una suma millonaria constituye un abuso de poder, un modo de presión que no debe admitirse. Los procesos civiles no son ilícitos, pero reclamar cifras siderales los desnaturaliza.

El cronista piensa algo más rotundo. En una cultura política muy agresiva, lo mejor sería que los funcionarios relevantes y los legisladores renunciaran a ese tipo de pleitos. El oficialismo no es mudo, ni manso ni parco en el debate. Tiene lenguas filosas y es proclive al enfrentamiento. Puede criticarse la tendencia, lo cierto es que existe en las dos trincheras. En ese contexto, lo mejor es reservar la polémica y aun las diatribas para el fragoroso ruedo de “la política”. Y no judicializar más, que demasiado protagonismo tienen los tribunales, usualmente sin mejorar nada.