La anunciada renovación de la cúpula de la Federal se pautó sobre un escenario singular. Quizá por primera vez en la historia, los antecedentes de cada uno de los candidatos está pasando por los filtros de los archivos de los organismos de derechos humanos. Ayer, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) atendió a los urgidos funcionarios del Ministerio de Justicia que buscaban datos, antecedentes, manchas o posibles complicaciones sumariales de los candidatos.
Ninguno de los postulados –insólitamente– cargaba con denuncias en los archivos de violaciones a los derechos humanos ni durante la dictadura, ni después. Aun así, y a pesar del esfuerzo, los organismos creen que no están en condiciones de avalar los nombramientos o los nombres que siguen dando vueltas. Las razones son varias, entre ellas las restricciones a las bases de datos reservadas, como son los legajos oficiales. Y, además, una elección de nuevos dirigentes cuyos candidatos provienen de la misma Federal, una corporación cerrada –aclaran–, adiestrada únicamente para la reproducción de sus cuadros.
Eduardo Padros era hasta ayer un comisario mayor que tenía a cargo la Dirección de Asuntos Institucionales dentro de la fuerza. Su nombre pasó de mano en mano durante el día, entre quienes se encargaron de rastrear antecedentes oscuros. Sus datos fueron consultados en el Cels, entre los listados de represores de la dictadura y entre quienes han sido denunciados por los distintos organismos por violación a los derechos humanos y violencia policial.
Aunque Padros terminó la rueda de consultas con el legajo limpio, quienes lo conocen de cerca aseguran que es uno de los hombres de la Federal “que no estuvo comprometido en los casos de violación pero tampoco en posturas de apertura claras”, explicaban. Esas posturas son las que reclaman los organismos: una designación más democrática de las jefaturas, pero donde –piden– “es necesario que intervenga el poder político, la sociedad civil y también los organismos”.