La Federal y la Bonaerense trabajarán en conjunto (o intentarán hacerlo) en el cinturón del Conurbano como prevención del delito. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por los ministros de Justicia y Seguridad nacional, Gustavo Beliz, y de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero. El proyecto, que incluirá a la SIDE, Gendarmería y Prefectura, contempla operativos muy dirigidos contra las drogas, la tenencia de armas, el robo de autos y los secuestros. Aumentarán la cantidad de puestos fijos. Y reforzarán la custodia de trenes, transporte fluvial y de pasajeros. Lo novedoso del plan es que en términos de seguridad no existirá más el límite entre provincia y Capital. Los bonaerenses podrán realizar operativos específicos dentro del área porteña y viceversa. Como antecedente, el año pasado el gobierno nacional había puesto en marcha lo que se denominó como Comité de Crisis. En aquel momento, rispideces entre el ex ministro de Justicia Juan José Alvarez y el gobierno bonaerense, pero especialmente el histórico enfrentamiento entre las dos policías, dejaron al Comité en situación de crisis. Durante la mañana se anunció el nombre del nuevo plan: Estado Mayor Conjunto del Area Metropolitana. A última hora se decidió cambiarlo por uno más edulcorado: Gabinete de Seguridad.
Durante tres horas, ayer por la mañana, la plana mayor, pero del Ministerio de Justicia a cargo de Beliz, mantuvo una reunión a puertas cerradas durante casi toda la tarde. Participaban, además del ministro, su colega bonaerense, Juan Pablo Cafiero, y el subsecretario de Seguridad, Norberto Quantín. Trabajaban en el diseño del plan conjunto que contempla la cooperación entre la Bonaerense y la Federal. Cooperación que no se trata de un detalle menor: la rivalidad entre ambas fuerzas es histórica. Y los límites jurisdiccionales actuaban, en ese sentido, como un dique de contención. “Cada uno podía desarrollar sus negocios sin entrometerse en la lata ajena”, señaló a Página/12 un ex comisario de la Bonaerense.
Pero lo que surgió de esa reunión fue un planteo diferente. “Lo novedoso es que para determinados operativos muy específicos –señaló una fuente reservada oficial– no habrá límite de jurisdicción.” La idea fue sintetizada a este diario por Quantín: “La cuestión es salir a los procedimientos con el Código Penal y de Procedimientos en la mano, y no con la Guía Peuser”. Montados sobre la ley antidrogas y la impulsada ley antisecuestro, que permite a los jueces intervenir en cualquier jurisdicción, la Bonaerense podrá realizar procedimientos por determinados delitos en áreas porteñas, y la Federal podrá hacer lo mismo del otro lado de la General Paz.
La concentración del esfuerzo estará dirigida hacia los tipos de delitos más importantes: el secuestro extorsivo, tráfico de drogas, robo de autos y desarmaderos, y piratas del asfalto. Los puestos fijos serán fortalecidos con hombres de Gendarmería y Prefectura. Alrededor dará vueltas la policía. A diferencia del Comité de Crisis, se sumará la SIDE, con su red de información.
El salteo de la jurisdicción tiene un sentido: facilitar el plano operativo. Fue hace muy pocos días cuando el caso Macri puso al rojo vivo la dificultad con que se enfrentan los jueces al investigar un secuestro. La necesidad de solicitar la intervención de un juez de la provincia por medio de un exhorto complica los operativos porque se pierde un tiempo precioso en trámites.
Pero el salteo –“la caída del muro de la General Paz”, como deslizaban conteniendo la euforia las fuentes oficiales– tiene su complicación en el histórico odio que se profesan mutuamente los “federicos” –como son catalogados los federales por sus colegas provinciales– y los “patas negras” –como son tildados los bonaerenses por sus colegas porteños–. Es cierto que es un momento clave para intentar arrojar un manto sobre el barro para tender un puente: el apoyo de Eduardo Duhalde resulta clave en este aspecto para unir las tropas tan diferenciadas.
“No lo vamos a resolver en dos días –reconoció Quantín–. Pero se va a bajar una línea en común, sin hacer diferencias. Se van a poner en marcha operativos conjuntos, una línea pareja para uno y para otro. Va a llevar un tiempo, pero condiciones para lograrlo hay.” La participación del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, junto a Beliz y Cafiero, señala que el poder político puso toda la decisión en resolver el problema. El aval de Kirchner es propiciatorio.
Pero también el caso Macri puso en evidencia el enfrentamiento. Los bonaerenses no estaban enterados y los federales no les avisaron.
Hasta el momento, dentro de las dos fuerzas se mantiene un compás de espera. No demasiado calmo. “El odio que existe no sé cómo lo van a resolver”, deslizó un ex “federico”. En realidad, no parece tratarse de las buenas intenciones de los uniformados de ambas policías, sino de los negocios de las cúpulas, la histórica caja negra que sube en forma piramidal. En ese aspecto, ambas policías (más allá de que la Federal parezca más prolija) constituyen una fenomenal caja de recaudación. Y ese histórico odio parece expresarse en la intromisión de los negocios ajenos. Será ésa la principal dificultad que enfrente el plan conjunto.