Los distintos sectores de la oposición porteña consensuaron un único proyecto para el subte, a cuyo borrador tuvo acceso Página/12. Contra el aumento impositivo que propone el gobierno de Mauricio Macri, sus adversarios establecen otras fuentes de financiamiento, a la vez que establecen un marco regulatorio y disponen una auditoría de 120 días sobre la concesión de Metrovías. Con este texto único, los opositores buscarán negociar con el PRO o, en caso de que no haya acuerdo, buscar construir una mayoría para que se apruebe esta iniciativa y no la que diseñó el legislador macrista Martín Ocampo.

A diferencia del proyecto de Macri, que desconoce el acta-acuerdo que firmó en enero y reasume unilateralmente el control del subte, el proyecto opositor señala que el gobierno porteño “acepta la transferencia por parte del Estado nacional”. En vez de la contratación de costosos informes extranjeros, la iniciativa opositora dispone que la Auditoría porteña intervenga para ver el estado financiero, legal y técnico del subte. Según el borrador, en función de ese dictamen de la Auditoría y ante eventuales incumplimientos del contrato es que el gobierno porteño podrá decidir sobre la concesión de Metrovías. Tendrá un mes para expedirse y siempre deberá garantizar la continuidad de todos los trabajadores del subte.

Este proyecto es apoyado por los metrodelegados, que repudiaron las limitaciones al derecho a huelga que plantea la iniciativa macrista.

Como fuente de financiamiento, no recurre a aumentos de impuestos sino que deriva los fondos de los que ya dispone Macri a partir de lo que recauda por peajes, patentes, sellos en la compraventa de autos, parquímetros y otras partidas que disponga la gestión PRO. Para esto, propone modificar la ley tarifaria que se votó ayer. Para un aumento de tarifa, el gobierno de Macri requeriría –con esta norma– la aprobación de la Legislatura. También le da 30 días a la Policía Metropolitana para que se haga cargo de la seguridad en el subte.