“La generalización de las (medidas) cautelares en el derecho argentino es algo preocupante, porque da la impresión que no estamos aplicando derecho de fondo, sino un derecho de forma, de por las dudas”. Lo dijo el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien contó que tiene previsto abandonar el máximo tribunal el año próximo, cuando llegue al “límite de edad constitucional” para ejercer como juez supremo.

Puesto a analizar la cuestión de las cautelares, Zaffaroni advirtió que “si nos vamos al derecho penal, también (ocurre lo mismo), porque tenemos la mayor parte de los presos en prisión preventiva, que es una cautelar”, e insistió en que es “un grave problema, nos estamos basando en un derecho cautelar, un derecho de media verdad, de verosimilitud”. El magistrado hizo así su aporte a un tema al que volvió a referirse a principios de esta semana la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que “una cautelar y un vaso de agua no te lo niega ningún juez de la Argentina”, para quejarse de la aplicación indiscriminada de este recurso. Zaffaroni concluyó que “si estas medidas se prolongan en el tiempo, resulta que se obtiene resultado de sentencia”. Explicó que la “invasión de cautelares en el derecho administrativo” es producto del “desastre que produjo el “corralito’” y que ese tipo de medidas se extienden a todos los fueros. Según el jurista, en lugar de aplicar derecho de fondo “nos estamos manejando con dos artículos del código procesal”.

Por otra parte, en declaraciones por radio, puntualizó que “es una mentira” que haya generado malestar en el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, su foto reciente junto al vicepresidente Amado Boudou. En tal sentido, dijo que “Ricardo está de vacaciones, el día de su cumpleaños hablé por teléfono, todo eso es un invento”. Zaffaroni reconoció que “hace tiempo se sabe que tengo cierto grado de amistad con el vicepresidente, y no veo ningún problema”, y anticipó que “si me tengo que excusar, me excusaré” en el caso de que la causa Ciccone, que involucra a Boudou, llegue al Máximo Tribunal. “A un juez penal nunca le hace gracia un caso de un político”, porque independientemente de su resolución, “siempre queda un resto de duda” sobre el fallo que dictamina.

Además, aseguró que tiene previsto retirarse en “un año y 11 meses”, que es “la edad límite constitucional”, y aclaró que no tiene ningún proyecto. “No sé lo que voy a hacer; el inmediato es volver a lo académico”, comentó y aseguró que no tiene previsto incorporarse a la vida política.

Por último, sostuvo que “hay un problema institucional con el Consejo de la Magistratura”, cuyas fallas encuentran su origen en la propia Convención Constituyente de 1994, porque es un órgano que, a su juicio, “nunca funcionó del todo bien, que nunca llegó a ser un cuerpo”, y advirtió que “si no funciona no vamos a poder designar jueces”.