Los que estamos aquí queremos ser parte de una Justicia más plural y más independiente, dispuesta a transparentar y a rendir cuenta de su actuación ante la ciudadanía entera. Nos une la convicción de que existe un modo diferente de ejercer la magistratura y la jurisdicción.

Rara vez en estos casi treinta años de recuperación del Estado de Derecho, y salvo honrosas excepciones, un número tan importante de jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios y empleados han firmado con nombre y apellido un cuestionamiento claro y enérgico como el que se expresa en los documentos de “Justicia legítima”. Así se habilita el escenario de un debate público en el que sin desconocer la mayor responsabilidad que nos corresponde como integrantes del Poder Judicial, aspiramos a sumar muchas voces y muy diferentes actores sociales para inaugurar mecanismos de participación ciudadana.

También es inédito y auspicioso que miembros de las justicias federal, de la nacional y de la local elijan modos de encuentro y participación como el de esta asamblea nacida de una convocatoria en la que nadie se arroga la representación de otros ni apela a distinciones o jerarquías que no reconocemos ni aceptamos.

Es el primer paso de un largo camino que no se agota en la indignación y en el rechazo a una manera falaz e intencionada de “invocar independencia” para encubrir sumisión a grupos, intereses y poderes partidarios, económicos, mediáticos a cambio de ventajas y beneficios incompatibles con un servicio de justicia en un Estado de Derecho. Defendemos una noción de independencia que no ignore la trama de poderes formales e informales que atraviesa el espacio en el que trabajamos y el mundo en el que vivimos y somos conscientes de los deberes que nos son propios y estamos dispuestos a cumplirlos sin claudicaciones.

Llegó la hora de mirar hacia adentro del sistema de administración de justicia y hacer pública nuestra autocrítica a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar corporativo y una “Justicia legítima”. Para conformar otro sistema de Justicia hay que partir de un núcleo irrenunciable de principios y prácticas que aseguren la vigencia plena e irrestricta del Estado de Derecho, la defensa y ampliación permanente de los derechos humanos y de las garantías consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales y el rechazo de toda forma de discriminación por condición social, étnica, religiosa o de género. Sabemos que todavía hay que superar las marcas que la dictadura imprimió y que subsisten en la estructura y en muchos agentes judiciales de cualquier nivel.

Queremos discutir cómo se forma a los jueces, magistrados, funcionarios y agentes; cómo y por quiénes se llevan adelante los procesos de selección para ingresar y permanecer en la institución judicial en todos sus niveles; cómo se asegura que la postulación y elección de miembros de los consejos de la magistratura sea abierta y sin restricciones; cómo se conforma y se exhibe la gestión de los recursos, de la jurisdicción y de la administración; cuáles son las condiciones imprescindibles para efectivizar el acceso a la justicia para todos, protegiendo a los vulnerables y cuáles las posibles vías de intervención de la sociedad civil en la construcción de una Justicia fuerte, independiente y democrática. Y estamos dispuestos a persistir en este intento.