Por momentos parecían grupos de autoayuda, de a ratos tenían el clima de una clase de facultad o se transformaban en escenario de duelos verbales e ideológicos. Así funcionaron cuatro talleres en que se dividió el encuentro de “Justicia legítima” con el propósito de depurar ideas y mostrar conclusiones al final del día. Aquí, algunas instantáneas.

n En el grupo que analizaba los “mecanismos de ingreso, promoción y disciplinarios”, de pronto se hizo un silencio monacal. Fue cuando los participantes empezaron a comprender de qué estaba hablando el titular de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim: la Legislatura porteña, dijo, les impone con nombre y apellido a quiénes deben designar en ese organismo o de lo contrario no le aprueban el presupuesto. De este taller surgió la palmaria conclusión de que ya no debería ingresar nadie al Poder Judicial o los Ministerios Públicos si no es por concurso. Pero al momento de discutir los métodos surgieron algunos chispazos. Estaban ahí los representantes de la comisión interna del fuero penal, que reclamaron que la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) pueda participar de los jurados, “de lo contrario las prácticas nepotistas no se acaban”. La jueza Victoria Pérez Tognola les retrucó que –pese a que ella votó a favor– esa había sido una de las cuestiones que impidieron aprobar años atrás el ingreso por concurso en el Consejo de la Magistratura.

n En la sala donde se conversaba sobre “participación ciudadana y gestión democrática”, una mujer llevó un ejemplo vivo y del trato que brindan algunos jueces al común de la gente, cuando les hizo escuchar a todos la grabación en la que un juez de un tribunal oral de familia de Lomas de Zamora la trataba de “miserable”. La policía se había llevado a los tres hijos de la señora. Javier de Luca contaría después que, entre otras cosas, en este taller hubo propuestas para “acercar” el sistema judicial a los sectores más vulnerables y a las víctimas. También hubo muchas voces favorables a la implementación del juicio por jurados. El fiscal Alejandro Alagia volvió a poner el dedo en la llaga al señalar el problema de que “los jueces gobiernan” sin ser elegidos por el voto popular.

n En otras de las comisiones se dieron múltiples definiciones sobre la independencia judicial. El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla volvió al ejemplo que en buena medida dio origen a “Justicia legítima”: la respuesta de este grupo crítico al comunicado de la Comisión de Independencia de la Corte y la Asociación de Magistrados que denunciaba presiones políticas a la Justicia, en rigor, a la Cámara en lo Civil y Comercial que debe fallar sobre la ley de medios, denunciada por recibir (algunos de sus miembros) dádivas del Grupo Clarín. Ramos Padilla dijo que la falta de independencia se reflejaba en los manejos de una Justicia que hace cuatro años tiene parada una ley del Congreso largamente debatida. Denunció lobbies de organizaciones como Certal y Fores en los tribunales. Desde otro ángulo, el jurista Julio Maier propuso hablar de la “independencia interna” y revisar sus mecanismos de subordinación y sometimiento difíciles de resistir. La idea de una organización horizontal en tribunales causó sensación, pero todavía muchos la ven como una utopía.

n En el taller de “transparencia y rendición de cuentas” todos se miraban de reojo, pero nadie sacaba el tema del pago del Impuesto a las Ganancias. Había una resistencia implícita. Hubo voces a favor de que el Poder Judicial pague impuestos como todo el mundo, pero fue excluido del temario de conclusiones. Sin embargo, surgieron de este grupo –que coordinó el fiscal Carlos Gonella– propuestas contundentes: que los jueces muestren sus declaraciones juradas; que sean públicas sus agendas de audiencias (a quién reciben y para qué); que se publiciten sus currículum; que se implemente un mecanismo para saber cuánto gastan y en qué y otro para mediar la calidad del trabajo; y un registro que dé cuenta públicamente a quién les da la Corte Suprema los bienes decomisados por corrupción.