La presidenta Cristina Kirchner hizo responsable a la Corte Suprema de que los jueces y todos los empleados y funcionarios del sistema judicial sigan eximidos de pagar Impuesto a las Ganancias. “En realidad, la ley (24.631) para que los jueces paguen ganancias ya fue sancionada”, explicó. Era una reforma que derogaba una ley anterior que los eximía. Pero, recordó, el máximo tribunal en tiempos de Julio Nazareno, en 1996, declaró inaplicable esa ley para el Poder Judicial, una situación que nunca fue modificada y que, sugirió, sólo podrían revertir los propios jueces supremos. Otro asunto donde la Presidenta destacó una cuota de responsabilidad suprema, aunque dijo que impulsará una ley, es el de la obligación de que los jueces den a conocer sus declaraciones juradas patrimoniales, que también fue declarada inaplicable con una acordada firmada en el año 2000.

La Presidenta recordó que lo que hubo en 1996 fue una “reforma tributaria amplia” que venía, entre otras cosas, a derogar un régimen anterior que eximía del pago de Ganancias a miembros de los Poderes Judicial y Legislativo, así como a los jubilados de ambos. Después de repasar por la acordada de la Corte sorprendió: “Tengo acá la versión taquigráfica de un miembro de la Corte, la doctora (Carmen) Argibay, cuando fue a la Comisión de cuerdos”, en el proceso de audiencias previas a su designación. Cuando le preguntaron a la jueza su opinión respecto de la exención de Ganancias, repasó la mandataria, ella contestó: “Yo siempre dije que había que pagar”. “Si hubiera dicho otra cosa, seguramente no hubiera tenido acuerdo, porque no dábamos acuerdo a aquellos que sostenían que no tenían que pagar”, aseguró. Sin embargo, una vez nombrada en la Corte –recordó Cristina Kirchner– la jueza votó (con la posición mayoritaria) a favor del reclamo de un juez de San Juan que pretendía seguir exento de pagar Ganancias después de jubilado. Argibay fue la única jueza suprema que intervino en ese caso, donde se nombraron conjueces, ya que el resto se habían excusado. Un juez consultado por este diario dijo que habría dos caminos posibles para que se deduzca el impuesto a los magistrados: que la AFIP reclame a la administración de la Corte Suprema, que es la que debería imputar el impuesto cuando paga salarios, para lo cual también podría iniciar una causa que obligue al tribunal a fallar. La otra opción es que la Corte derogue la famosa acordada de los tiempos de Nazareno. “Esta decisión la deberá tomar oportunamente el Poder Judicial, que lo discutirá en todos sus estamentos, no es una cosa que pueda hacer el Poder Legislativo”, aclaró la Presidenta.

En cambio, se pronunció a favor de una ley que genere un mecanismo que asegure la difusión de las declaraciones juradas de todos los poderes del Estado. Pero puso énfasis en el Poder Judicial que, ante la Ley de Etica Pública, también se autoexcluyó de la obligación de mostrar o hacer accesible a quien lo consulte el origen de sus bienes. “Salvo mi declaración jurada, nadie puede conseguir la declaración jurada de nadie en este país”, dijo. Sostuvo que por Internet habría que acceder a la de cualquier funcionario. “Si yo voy a un juzgado y ese señor va a decidir sobre mi patrimonio y sobre mi verdad, quiero saber, como tiene derecho de saber de mi declaración jurada, sobre la suya”, remató.