La Asociación de Magistrados, la tradicional entidad que nuclea a los jueces, difundió un comunicado en el que sostiene que los proyectos de reforma judicial presentados por el Poder Ejecutivo “alteran sustancialmente el funcionamiento de la Justicia” y no “atienden a una reforma que amplíe las posibilidades de ejercer derechos”. El texto, que cuestiona la constitucionalidad de las propuestas, acusa al Gobierno de “pretender sustituir a la Corte Suprema como uno de los poderes del Estado”, en especial en el manejo del presupuesto judicial, y promover la “partidización del Consejo de la Magistratura”. Un rato después de que comenzara a circular este mensaje, los presidentes de la mayoría de las cámaras de apelaciones del país se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Le dieron un documento con sus principales “preocupaciones”, coincidentes con la Asociación, y algunos le dijeron que iban a expresarle apoyo.

Es evidente que los proyectos para “democratizar” buscan cambiar el funcionamiento corporativo de la familia judicial y licuar el poder que tiene como tal en la actualidad. El proyecto para ingresar a tribunales por examen es parte de esa iniciativa, pero lo que la hace más patente es la propuesta para el Consejo de la Magistratura: incorpora cinco académicos o científicos que no tienen por qué ser abogados; tanto a ellos como a los consejeros jueces y abogados los elige el pueblo vía partidos políticos; se reemplaza la mayoría actual de dos tercios para acusar o elegir jueces; y se le devuelven al Consejo todas las facultades administrativas, presupuestarias y salariales, que tenía la Corte.

En sintonía con el comunicado de la Asociación, los presidentes de Cámara, liderados por el juez de Casación Gustavo Hornos, le entregaron a Lorenzetti un texto donde objetan el traspaso del presupuesto al Consejo, el cambio de mayorías para mandarlos a juicio político y el ingreso de empleados por concurso (lo que les impide elegir a dedo). Los camaristas ya se habían visto con el presidente de la Corte la semana pasada, en una reunión y en una cena con champán. Uno de ellos, camarista tucumano, le habría insistido en buscar la forma de llevarle apoyo, y de la propia Corte habría surgido el esqueleto del documento final.

La única que avisó que no firmaba, porque no estaba de acuerdo, fue la presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori. Les dijo a sus colegas que los proyectos le parecen perfectibles, pero que peor es nada. En ese encuentro de ayer a la nochecita, Lorenzetti volvió a decirles que se “queden tranquilos”, que la Corte “no va a permitir que se afecte su independencia” y que nadie será “arbitrariamente” acusado. Anunció que pondría todo a consideración de sus colegas cortesanos.

La Asociación pidió ser escuchada en el Senado. Su comunicado dice también que se quiere hacer depender a los jueces “de un órgano” que va a estar “dominado por la mayoría electoral circunstancial”. “Nos oponemos en resguardo de la efectiva división de poderes”, anuncian. Más allá de los problemas de constitucionalidad, dice la entidad, los proyectos no solucionan los problemas que distancian al Poder Judicial de la gente, y reclaman desde tribunales para usuarios y consumidores hasta juicios por jurados para casos de corrupción y reformas procesales para agilizar los procedimientos.