Adolfo Pérez Esquivel se manifestó “totalmente de acuerdo” con la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional y en contra de los intentos de impedir que sesione el Congreso, accionar que calificó de “antidemocrático”. El titular del Serpaj se pronunció sobre el tema en general luego de reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. “Creo que es saludable para el pueblo argentino una reforma del Poder Judicial”, sostuvo Pérez Esquivel ayer por la mañana. “Creemos que es una decisión correcta del Gobierno, y hay que tratar de ver que se lleve adelante lo mejor posible”, expresó. Tras el encuentro con Domínguez, en el Salón de Honor de Diputados, Pérez Esquivel consideró que las insinuaciones de algunos sectores de la oposición sobre la posibilidad de impedir que el Congreso sesione hoy para aprobar las leyes presentadas por el Gobierno implican un accionar “antidemocrático”. “No hay que impedir sesionar. Hay que tratar de profundizar el debate a través de las ideas y pensar qué es lo bueno para el país”, reclamó.

Pérez Esquivel, que obtuvo el Nobel hace un tercio de siglo, es uno de los dirigentes históricos del movimiento de derechos humanos que no se había pronunciado sobre la baterías de proyectos que el Gobierno envió al Congreso hace dos semanas. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, respaldó los proyectos desde el primer día, incluso estuvo presente el 9 de abril cuando la presidenta Cristina Fernández hizo el anuncio en Casa de Gobierno. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se tomó unos días para estudiar los proyectos y se pronunció el 13 de abril mediante un documento público. “Algunos de los proyectos representan un claro avance en cuestiones demoradas o importantes para la igualdad de oportunidades y para la transparencia del funcionamiento judicial. Otros plantean dudas sobre su diseño político institucional. El que limita las cautelares, puntualmente, presenta problemas de constitucionalidad”, objetó entonces.

El CELS fue invitado a participar en los debates junto a otras organizaciones de la sociedad civil como ACIJ, la AdC y la Asociación de Abogados Laboralistas. Su presidente Horacio Verbitsky señaló allí el acuerdo del organismo con impedir el abuso de los poderes fácticos que se sirven de las cautelares para frustrar la voluntad popular y sus leyes, y también el riesgo de que una redacción apresurada terminara afectando a sectores vulnerables de la sociedad. Propuso entonces modificar la fórmula sobre las situaciones exceptuadas de la nueva regulación a las cautelares en base a fallos de la Corte Suprema de Justicia y a la experiencia del propio CELS en el uso de esa herramienta, postura que respaldaron senadores oficialistas y opositores y que dio lugar a una nueva redacción de ese punto, que ahora debe tratar la Cámara de Diputados.