El senador radical Mario Cimadevilla denunció a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, por el nombramiento de fiscales ad hoc.

Asombrosamente, un fiscal dio curso a la denuncia lo que motivó el cuestionamiento inmediato de varios organismos de derechos humanos: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, e H.I.J.O.S. Capital (ver más en página 10). La iniciativa es un disparate que, de concretarse pondría en riesgo los juicios que investigan las violaciones de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado.

Poder designar velozmente fiscales en ciertas causas es imprescindible por varios motivos. El primero entre ellos es que su prolongación dificulta que una sola persona pueda trabajar indefinidamente como fiscal o como defensor. Los abogados son personas que viven durante los pleitos: se enferman, se embarazan, dan a luz y cien peripecias humanas más. Como esas megacausas no deben suspenderse por plazos largos se “caerían” si no mediaran designaciones ad hoc.

Otra razón es la necesidad de “mover” fiscales a jurisdicciones provinciales en las que, por lazos familiares o afinidades ideológicas, “la Justicia” local rehúsa o cajonea los procesos contra los represores. Nombrar fiscales de otras comarcas es un imperativo al que debió recurrir, a menudo como método, el anterior procurador Esteban Righi, en su encomiable labor en la búsqueda de verdad y justicia.

La bronca con Gils Carbó, por su pertenencia a “Justicia legítima” (JL), es el verdadero móvil del pretendido linchamiento, penoso en su fundamentación.

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Ya que de JL hablamos, sus integrantes siguen reuniéndose en distintas provincias. La aceleración de los proyectos de reforma judicial del Ejecutivo los va obligando a redefinir posiciones. Las iniciativas en cuestión, tal como expresara el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni. “no abren ni cierran nada, más bien abren un debate”. Son, opina este cronista, como mucho un primer paso.

Pero queda mucho por cambiar, en especial en lo que hace al acceso ciudadano a los tribunales. Algunos integrantes de JL están circulando un proyecto de solicitada sentando posición sobre lo que se discute en el Congreso y “yendo por más”. Insistirán en aspectos esenciales no contemplados por ahora como la creación de nuevos tribunales, la mayor oralidad, la aceleración de los trámites. La solicitada, esperan, se difundirá antes de fin de mayo. Para esa fecha están pensando otra gran reunión, similar a la primera que tuvo como sede la Biblioteca Nacional. Esta ocurrirá en la provincia de Buenos Aires, quizás en La Plata o en la Universidad de San Martín. Poner más sal y más propuestas en el debate, he ahí una consigna incitada por la movida oficial pero no saciada.

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Ya que de fiscales hablamos, algo que podría comenzar a moverse sería la reforma del Código de Procedimientos Penal. Hay un proyecto, hecho durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, que cuenta con la aprobación de muchos de los juristas, magistrados y académicos mejor orientados. Entre otras cuestiones, pone las facultades investigativas a cargo de los fiscales y limita la plenipotencia de los jueces federales, lo que incluiría por ejemplo a Norberto Oyarbide. Limita la prisión preventiva (cuyo abuso es un flagelo en la realidad penal cotidiana) y establece su revisibilidad cada tres meses. Empodera a las víctimas y le da lugar institucional durante los procesos. Fomenta la oralidad y propende a abreviar los trámites. Evita que los testigos declaren “n” veces en distintas instancias.

El proyecto está hechito. Seguramente merecería un lifting, una amplia polémica pública y un debate a fondo en el Congreso. Sin urgencia pero sin rémoras.

Claro que cambiar las reglas de trámite no viene solo. Para poner en acto la reforma haría falta crear nuevos juzgados, dotar de elementos técnicos a las fiscalías, ampliar el personal. O sea, un esfuerzo fiscal que deberían impulsar el Ejecutivo y el Congreso.

De eso se trata, también y en sustancia, la democratización del Poder Judicial. De renovar normas y asignar más dinero, bien direccionado. La “batalla cultural” recién comienza. Y las campanas de ponerse las pilas y hacer cambios a fondo suenan por los tres poderes del Estado.