El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, remarcó ayer que no accederá al beneficio de los nuevos instrumentos de inversión quien esté imputado o querellado en causas judiciales o por lavado de activos, así como tampoco los funcionarios de los tres poderes del Estado ni sus familiares. “No pueden ingresar (en el blanqueo de capitales) el empresario Lázaro Báez ni (Héctor) Magnetto”, CEO del Grupo Clarín, señaló el funcionario. En conferencia de prensa (ver aparte), Echegaray detalló el alcance del régimen de exteriorización de divisas, que fue enviado anoche al Congreso para su tratamiento legislativo. “Tampoco podrán hacerlo los funcionarios de los ochenta o los noventa”, remarcó.

Las personas físicas o jurídicas que se acojan al régimen están eximidos de todos los impuestos y “sanciones penales” derivados de la ley penal tributaria y el régimen penal. Frente a una pregunta respecto de aquellos sobre los que actualmente pesa alguna investigación por supuestas maniobras sancionadas por la ley penal tributaria, como el caso mediático de Lázaro Báez, Echegaray respondió: “No puede Báez y no puede Magnetto, tampoco puede el señor (José Antonio) Aranda, no puede (Lucio) Pagliaro, tampoco puede el HSBC, no puede Francisco de Narváez, no puede Eduardo Eurnekian, no puede ni Ricardo Fort, ni (Roberto) Giordano, ni (Jonathan) Botinelli”. “Tenemos una lista amplia de personas”, aseguró. Según el detalle brindado por la plana del gabinete económico, quedará excluido todo aquel que pretenda “despenalizar sumas de dinero producto de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, querellados o imputados por lavado, trata de personas o narcotráfico; los que se encuentran en proceso de quiebra; los funcionarios públicos de todos los estamentos y poderes y sus familiares”. Además, todos los inscriptos deberán presentar las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales correspondientes a 2013 antes del 31 de mayo del 2014.

La enumeración de personalidades que realizó Echegaray corresponde a las causas que se encuentran abiertas al momento. En el caso de Susana Giménez pesa una denuncia por la compra de terrenos en Uruguay con fondos no declarados provenientes de Singapur, una jurisdicción off shore para la fuga de capitales, en donde la diva había establecido una sociedad bajo el nombre de Splugen y otras dos en Uruguay, Petronil y Kransor. La denuncia data del 29 de junio de 2012 y la AFIP está como querellante. Por la denuncia sobre el Grupo Clarín por lavado de dinero mediante cuentas en el JP Morgan están acusados Héctor Magnetto, CEO del Grupo, y los directores José Antonio Aranda y Lucio Pagliaro. La causa responde a cuatro sociedades en el paraíso fiscal en Panamá: son inversoras Agea y Semar y las sociedades anómimas Lexsol y Norland.

Por su parte, el diputado Francisco de Narváez está investigado por ser director de cuatro sociedades radicadas en Panamá: Gadiram, Denar, Juglar y La Esperanza Associated Corp. Por su parte, el árbitro Pablo Lunati está imputado por delito de evasión y lavado de dinero y por el hecho de haber utilizado fondos de origen sospechoso para efectuar inversiones que no tenía declaradas ante la AFIP. Esto derivó en siete allanamientos en propiedades de Lunati en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires y una evasión estimada de 3,5 millones de pesos. La denuncia se efectuó ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La lista se completa con la denuncia sobre el HSBC por operaciones de facturas truchas en cuentas fantasmas.