Con la exactitud de los hechos inexorables, Julio Nazareno dejó el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, que deshonraba desde abril de 1990. Tal como se lo había anticipado al jefe de su custodia, el jueves presentó su descargo ante la Comisión de Juicio Político y ayer terminó de empacar y se fue a su casa. Es el principio del fin para uno de los capítulos más vergonzosos de la degradación institucional en democracia.
Como hecho político pocas cosas pueden ser más graves que la destitución de todos los miembros de la Corte por un golpe militar y su reemplazo por otros designados a dedo. Pero si se analiza el desempeño individual y colectivo se encontrarán actitudes de mayor independencia y decoro en los hombres que la última dictadura instaló en el Palacio de Tribunales que en el ex jefe de Policía de La Rioja y la mayoría automática que encabezó. Aquellos seudojueces de facto alguna vez hasta se animaron a contradecir en un par de temas sensibles al poder absoluto y criminal que los había ungido. Ordenaron a los jueces investigar las desapariciones de personas y dispusieron la libertad de Jacobo Timerman. Nada semejante ocurrió con el cardumen menemista, que sólo contradijo a su jefe cuando se trató de discutir los propios salarios, lo cual los retrata bien. Que los tres socios del modesto estudio que Carlos Menem, el Hermano Eduardo y el Buby Nazareno compartieron en La Rioja llegaran a presidir los tres poderes del Estado es un símbolo de la ética imperante en aquellos años.
Los defensores de la ampliación del número de miembros de la Corte lo presentaron como un necesario respaldo a la política económica aplicada por aquel gobierno. Nada más falso, ya que varias de las sentencias decisivas para esa convalidación fueron redactadas por los jueces de la conformación anterior de la Corte. Carlos Fayt escribió el fallo Peralta, por el que se permitió al gobierno convertir los depósitos bancarios en Bonex. Enrique Petracchi fue el autor del per saltum que favoreció el remate de Aerolíneas Argentinas en condiciones de escándalo. Augusto Belluscio redactó los fallos que despojaron de buena parte de sus derechos a los trabajadores de las empresas estatales a privatizar, como exigían los interesados en las licitaciones. El verdadero objetivo del copamiento de la Corte era proteger a los compañeros que intervinieron en el corrupto desguace del Estado y en otros negocios al margen de la ley, comenzando por el propio ex Jefe Supremo de la Nación y varios propios. La podredumbre se encubrió con la adhesión hipócrita a principios morales y religiosidad que no practicaban, moralina sexual e intromisión indebida en la privacidad de las personas. Aparte de corrupta e inepta la Corte de Nazareno fue irrespetuosa de los derechos y garantías individuales y propiciadora de procedimientos represivos que los avasallaban.
También expandió en forma irracional su competencia, hasta fallar 15.000 casos por año, contra los 70 o 90 de su par estadounidense, lo cual abrió campo a la discrecionalidad que propicia la venta de sentencias. Para atenderlos creó una desmesurada burocracia de letrados y funcionarios. Pese a que la Constitución y las leyes reglamentarias encomendaron al Consejo de la Magistratura la administración de los recursos del Poder Judicial y la potestad disciplinaria sobre sus integrantes, la Corte retuvo ambas a base de prepotencia. Si la Constitución intentó liberar a sus miembros de tareas accesorias para que pudieran dedicarse a impartir justicia, ellos hicieron todo lo contrario y terminaron por convertir a un poder del Estado en un grupo de presión y gestor de intereses particulares, siempre bajo amenaza de un fallo que ratificara esa usurpación desnaturalizadora. La misma amenaza incluyó Nazareno en su descargo ante la Comisión de Juicio Político.
Pero las circunstancias han cambiado. La evaporación del menemismo luego de la fuga de su líder de la competencia electoral y la asunción de un gobierno que no aceptó el toma y daca propuesto sorprendieron a Nazareno, Moliné & Cía. El fulminante éxito obtenido por el Gobierno desde la extorsiva conferencia de prensa de Nazareno, hace apenas tres semanas, realza la estrategia elegida: ni acusar en bloque ni transar en secreto, como ocurrió con el fallido intento del año pasado. En cambio, ir de uno a uno pero a fondo y sin transacciones. El decreto 222, que estableció las condiciones a las que el Poder Ejecutivo se someterá en forma voluntaria para ejercer su facultad de designación del reemplazante de Nazareno, es una victoria de la sociedad civil, que exigió acabar con los resabios de una época nefasta, no para instalar una nueva hegemonía, sino como primer paso hacia un funcionamiento institucional respetuoso del pluralismo y exigente de la idoneidad.